Este jueves representantes de la Mesa de Unidad Social se reunieron en La Moneda con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para tratar un petitorio en torno a la agenda social del Gobierno.
El petitorio completo fue dado a conocer por LUN y contaba con cuatro puntos principales para ser tratados dentro de la discusión que se lleva a cabo en el marco de la crisis social que se vive hace más de un mes en nuestro país.
En primer lugar estaba la defensa de los derechos humanos, solicitando que existan garantías en torno al proceso judicial de los autores materiales, cambios al protocolo de Carabineros, que no exista impunidad y que haya reparación a las víctimas.
En segundo lugar estaba la nueva Constitución y una asamblea constituyente con participación social
En este punto se detallaba que la Carta Magna debe ser cambiada a través de un proceso constituyente compuesto por un plebiscito de entrada y que defina como se redactará la Constitución , sus representantes y un plebiscito de salida (todos con voto obligatorio) y que sea a partir de una hoja en blanco.
También solicitaron que la sociedad tenga una participación activa, que cuente con paridad de género, cuota de pueblos originarios y representación de jóvenes, que los acuerdos sean de 3/5 y que la Mesa de Unidad Social sea incluido en el proceso.
En tercer lugar están las medidas sociales de aplicación inmediata como un plan de protección y retención del empleo para enfrentar la crisis de empleabilidad a través de un seguro de cesantía y plan de emergencia para los trabajadores.
Además, se busca que se aumente el salario mínimo a 500 mil pesos líquidos de forma inmediata.
En las pensiones solicitaron mejorar el pilar solidario en un 50 por ciento y en salud pública elevar los recursos y asegurar los insumos y medicamentos en el sistema de salud, mientras que se busca congelar las tarifas de los servicios básicos y transportes.
La organizaciones quieren reponer la educación como un derecho social con un sistema público de educación desde la sala cuna hasta la educación superior con carácter universal y gratuito, además de tomar en cuenta las demandas de la deuda histórica de los profesores y los deudores del CAE y CORFO.
Y finalmente, en cuarto lugar, están las leyes estructurales, donde se solicitó retirar las medidas sociales y agenda laboral del Gobierno de manera inmediata para poder debatir en profundidad temáticas como el trabajo, transporte, vivienda, salud, pensiones, entre otros.
