La Tercera Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú concluyó este miércoles en Chile, con la aprobación de un plan para concretar la promoción y la seguridad de los defensores ambientales en la región.
"Para nuestro país es imprescindible garantizar un entorno seguro y propicio para quienes promueven y defienden el medioambiente, garantizar sus derechos y contar con medidas de respuesta (...) Este es, sin dudas, el principal hito de esta COP", dijo el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.
El acuerdo permite ampliar y materializar las medidas contempladas en el Artículo N°9 del Acuerdo de Escazú, que trata específicamente de la protección de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en la región más mortífera para este tipo de activismo.
Según explicaron expertos y participantes de la COP3 a EFE, tras el encuentro que tuvo lugar en la sede en Santiago de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se solicitó a la dirección del espacio un plazo de seis meses para elaborar un plan de implementación, estableciendo responsables e instando a cada estado a generar las bajadas del Acuerdo a su realidad territorial específica.
"Este es un paso importante (...) en Argentina existen lamentablemente muchos conflictos ambientales que tienen que ver generalmente con el extractivismo, que sucede tanto con los combustibles fósiles en nuestra Patagonia como con todo lo que tiene que ver los minerales críticos para la transición, el litio, el borato", detalló el abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) Cristian Fernández.
El docente de la Universidad de Buenos Aires complementó que además se avanza con proyectos de manera sistemática, sin analizar impactos acumulativos y sin convocar a las comunidades a brindar su opinión, por lo que entienden que el Artículo 9 es fundamental que se implemente en estos territorios y la aprobación del Plan de Acción les da un paraguas para ello.
ASPECTOS PENDIENTES
Pese a que las cuentas son en general positivas, quedan aspectos pendientes, como el acceso a la información, que para la integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y representante awajún, Elaine Sabían Shawit, aún es un obstáculo en Perú, donde el tratado no ha sido ratificado.
"No es posible seguir contando cuántos muertos, sino implementar el Acuerdo. ¿Cómo los pueblos indígenas nos protegemos en nuestro territorio? Porque el papel aguanta todo, a nosotros nos asesinan con bala. Pedimos a todos los países que han ratificado también implementar, proteger a los defensores territoriales", emplazó.
Reconocido a nivel global como un tratado pionero que consolida la democracia ambiental, el Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y vigente desde abril de 2021, sólo ha sido ratificado por 15 Estados de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron originalmente, de un total de 33 en la región.
Latinoamérica es la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad. 2020 fue el año más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas.
