Pía Greene, académica del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, señaló que las mafias que operan en Chile están "en la fase de penetración" de las instituciones y advirtió que, si no se detiene esa tendencia, el país arriesga convertirse en un "narcoestado".
En conversación con El Diario de Cooperativa, la experta sostuvo que el poder de las organizaciones criminales que ya se instalaron en el país "es tan alto que puede corromper a cualquier tipo de persona. En ese contexto, tenemos que entender que esto solo puede crecer si no lo atajamos luego".
"Hoy día estamos en una fase intermedia, ya pasamos la disputa territorial, (ahora) estamos en la fase de penetración en las instituciones", puntualizó.
En ese sentido, la profesora manifestó: "Si esto no se detiene, (la infiltración) va a pasar a las más altas autoridades, donde definitivamente va a haber una penetración total, que es lo que se le llama la 'etapa simbiótica', donde los países se convierten en narcoestados o tienen que negociar con el crimen organizado para detener las olas de violencia que existen".
"Esto ya no se trata simplemente de delitos como los que teníamos antes, que eran contra la propiedad, no violentos. Ahora estamos hablando de organizaciones criminales que se están instalando en Chile, (algunas) ya están instaladas, y que están produciendo mucho daño a nuestra institucionalidad, a nuestra democracia y también a nuestra libertad", complementó la exjefa de estudios del Ministerio del Interior durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
¿Cómo abordar el aumento de la criminalidad?
Greene fue enfática en señalar que, a día de hoy, realizar un copamiento policial o sacar militares a la calle "no va a tener el efecto deseado, porque el crimen organizado funciona de otra manera".
En ese contexto, sugirió tres acciones generales para detener la infiltración del crimen organizado: "Lo primero, que exista coordinación interinstitucional. Si hay algo que nos dimos cuenta en los últimos días es que las instituciones no están coordinadas, no están conversando entre sí, no están compartiendo información en vivo, ni haciendo una articulación para poder parar esto", enfatizó.
"Lo segundo es la inteligencia, (pues) estamos mal en inteligencia. Tenemos las dos leyes de inteligencia en el Congreso que aún no avanzan, una está del 2018, y tenemos una agencia de inteligencia que está obsoleta, que no está cumpliendo con sus funciones y que tiene que avanzar. Lo mismo con inteligencia económica: tenemos que ver cómo seguimos la ruta del dinero, y eso es urgente", aseveró la académica.
Como tercera recomendación, Green señaló que es prioritario abordar "el tema del sistema carcelario".
"Estamos hablando de más cárceles de alta seguridad, pero hoy día hay que hacer una reforma importante al sistema penitenciario general: Gendarmería, una institución que hoy día es un servicio, tiene que ser una fuerza de orden, tener otro estatus, mayor presupuesto y depender del Ministerio de Seguridad, (ya que) tiene que participar de este sistema de seguridad de manera importante", concluyó.
Caso del sicario venezolano: Fallas en la apliación de herramientas legales
Por otra parte, Green abordó el caso del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía, que continúa siendo buscado tras su posible fuga del país, un hecho que ha puesto en el ojo público las debilidades del sistema penal y migratorio chileno.
En opinión de la académica, "no podemos escondernos detrás de una mala relación diplomática" y es necesario tomar este caso como un "punto de inflexión" para tomar medidas más concretas.
Finalmente, subrayó la urgencia de que "la institucionalidad no está pudiendo no solamente prevenir o controlar, sino también retener a las personas que e identificar a quienes están haciendo y cometiendo este tipo de delito".
Durante las últimas horas se reveló que Mejía ya había sido detenido en 2022 por robo con violencia y porte de arma cortopunzante, pero en esa ocasión no se le tomaron huellas dactilares, lo que agrava la situación.
A pesar de la aparente dificultad, Camila Leyton, abogada y académica de la Usach, sostiene que sí existen mecanismos para la identificación adecuada. Explicó en detalle que "cuando las personas son detenidas en situación de flagrancia, nuestro sistema permite ampliar la detención por hasta un máximo de tres días en que se les toman las huellas y se les asigna un RUT".
"Da lo mismo el nombre que se le haya asignado al momento de tomar las huellas, porque aquí lo importante es la relación que hay entre un RUT chileno y las huellas de la persona en particular", puntualizó.
La académica añadió que incluso existe "una ley de reincidencia que permite determinar o decretar la prisión preventiva de las personas como medida cautelar, es decir, dejarlos en una cárcel, en el evento en que no se tenga claridad de la identidad de la persona que está siendo investigada".
"Esta normativa es específica para los casos de extranjeros irregulares, justamente para ellos se estableció esta modificación", puntualizó.
Esta información sugiere que la falencia no reside en la ausencia de herramientas legales, sino en su aplicación o coordinación efectiva, especialmente al considerar la problemática de las relaciones diplomáticas con ciertos países.
