Hugo Dolmestch considera que la medida es un retroceso.
"Es muy probable que deba pedirse informe a la Corte Suprema", aseveró.
El presidente de la Corte Suprema manifestó sus reparos a la norma que se tramita en el Congreso.
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, aseguró que el proyecto que busca sancionar con cárcel las filtraciones de procesos judiciales se puede entender como un retroceso en el sistema procesal penal vigente.
La norma, indicación en el marco de la agenda corta antidelincuencia aprobada por el Senado, pretende imponer sanciones que van desde 60 a 541 días de presidio para quienes revelen antecedentes de las causas en relación a los intervinientes de las mismas, lo que para el presidente del máximo tribunal debe estudiarse.
"Me parece que habría que estudiarlo bastante porque es una especie de vuelta al secreto de sumario o algo parecido", dijo Dolmestch.
"Pudiera ser oportuno, en términos de oportunismo, eso no lo sé, pero en Chile siempre se ha legislado sobre caliente, o sea, salen las leyes cuando están más fuertes los hechos", añadió el presidente de la Suprema.
"Si se trata de una norma que va a impedir la publicidad, cosa que si bien es cierto en la actual ley existe una forma de control, va a influir en la organización de los tribunales de justicia. Es muy probable que deba pedirse informe a la Corte Suprema", añadió el presidente del máximo tribunal.
Dolmestch no descartó que esta normativa pueda llegar a la Corte Suprema para que emita un pronunciamiento, tal como ya se ha hecho en otros puntos de la agenda corta antidelincuencia.
[Lea también] Fiscales por norma antifiltraciones: Es un grupo de poderosos cuidándose a sí mismos
Fiscal nacional (s): No hay mordaza a los medios
En respuesta a estos dichos de Dolmestch y a las declaraciones del presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, quien aseguró que la norma busca proteger a los poderosos, el fiscal nacional (s), Andrés Montes, descartó que la medida implique el retorno al "secreto de sumario", así como tampoco busca limitar el trabajo de la prensa.
"Toda la información recopilada durante la investigación penal siempre va a ser asequible tanto para la defensa como para los abogados querellantes y por lo tanto siempre va a estar disponible para ejercer sus derechos", dijo Montes.
Además, el persecutor nacional subrogante recalcó que "en ningún caso es una mordaza a los medios de comunicación", pues aseveró que "desde el año 2000 está vigente la norma que hace secretas las diligencias de una investigación para terceros ajenos".
"Lo que se está analizando precisamente en el Congreso -enfatizó Montes- es establecer algún tipo de sanción para el caso que se vulnere esa norma, y eso tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación penal".
El polémico proyecto volverá a la Cámara de Diputados, donde se zanjará su futuro.
