Uno de los puntos más polémicos en la tramitación fue el estatus del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
La iniciativa deberá ser discutida y ratificada en la Sala del Senado para su promulgación.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que modifica el sistema registral y notarial, conocido como la nueva Ley de Notarios.
La iniciativa está ahora a solo un paso de convertirse en ley, puesto que le resta ser discutida y ratificada en la Sala del Senado para completar su tramitación legislativa.
Según el propio texto, una vez que sea promulgada, la norma entrará en vigencia después de seis meses.
Es decir, los nuevos concursos para llenar las vacantes probablemente comenzarán a principios del próximo año, por lo que se estima que las designaciones lleven la firma del próximo Presidente o Presidenta de la República.
NOTARIOS 📰 | Despachan nuevo procedimiento para su denominación. https://t.co/oNQUqU90Vh
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 20, 2025
Entre las principales novedades del proyecto se establece que no podrán ser nombrados en cargos de notarios, archiveros o conservadores de bienes raíces aquellas personas que tengan vínculos de matrimonio, acuerdo de unión civil o parentesco consanguíneo hasta el tercer grado (incluyendo bisabuelos, bisnietos, tíos o sobrinos) con las más altas autoridades del país.
Lo anterior incluye al Presidente de la República, parlamentarios, jueces, y también a quienes ocupen cargos de exclusiva confianza.
La diputada Camila Flores (RN) quedó disconforme con este resultado, ya que "lo que se quería hacer era limpiar el sistema de los apitutados políticos, que llegan porque tienen un familiar político -papá, mamá u otros- que están como notarios o conservadores, y que por eso llegar a estos cargos es mucho más fácil para ellos. Pero pasamos de ese sistema, que no queremos en nuestro país, a entregarle total y únicamente la facultad a quien sea el Presidente de la República de turno para nombrar los nuevos cargos".
"O sea, nos vamos a llenar de apitutados políticos del gobierno de turno, y no se va a considerar la opinión de otro poder del Estado, que podría generar un equilibrio a la hora de los nombramientos", fustigó.
No obstante, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, argumentó que "ha sido el propio Poder Judicial el que considera que no es un proceso lo suficientemente adecuado que sean los ministros de las Cortes de Apelaciones los que estén seleccionando a las personas que van a realizar estos oficios".
"Ese proceso de selección se va a desarrollar ahora en la Alta Dirección Pública, para que posteriormente, a través de ternas preladas, con puntajes claros y establecidos, en un proceso de selección concursal, y en el que va a primar el mérito, sea el Ejecutivo el que designa a estas personas para ejercer como auxiliares de la administración de justicia", destacó el secretario de Estado.
Uno de los puntos más controvertidos, calificado como "la madre de todas las batallas", era el estatus para dividir el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Existía una norma transitoria que establecía exceso de trabas para su división, pero se rechazó por medio de una votación separada, abriendo la puerta para su reestructuración.
El diputado Leonardo Soto (PS) celebró el resultado de la votación y expresó: "El Conservador de Bienes Raíces de Santiago es el más grande de todo el mundo, tiene cerca de cinco millones de habitantes capturados para todos sus trámites de conservador, (pues) toda la inscripción de propiedad, hipoteca y gravámenes tienen que ir al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que está ubicado en Morandé con Compañía".
"Son alrededor de 200 millones de pesos mensuales de utilidad líquida a su bolsillo todos los meses, rentas que no tiene nadie, ningún funcionario en el mundo. Era una regulación especial que no tenía ningún sentido, que le daba muchas posibilidades de no dividirse, y eso cayó hoy día en una votación dividida, que yo diría es histórica", complementó el legislador.
