El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, respondió a las críticas del mundo político hacia el actuar de las policías, que dos veces han sido recibidas a balazos en su intento por exhumar el cuerpo de Pablo Marchant, comunero vinculado a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y fallecido en 2021.
Marchant murió el 9 de julio de aquel año, tras ser abatido durante un enfrentamiento con Carabineros en Carahue, en terrenos de la forestal Mininco.
Desde entonces, la PDI y la Fiscalía han intentado desenterrar su cuerpo, ubicado en el fundo Pidenco, a petición de su familia. Sin embargo, en dos ocasiones -en septiembre de 2024 y el miércoles pasado- la diligencia ha sido repelida a disparos.
En este contexto, Garrido indicó que las policías no responden a los ataques para evitar arriesgar la vida de terceras personas.
"Se ha logrado el ingreso al lugar donde está enterrado el señor Marchant, pero hay una oposición violenta de personas que podrían generar riesgo para quienes están encargados de realizar la exhumación", dijo el persecutor.
"También hay un riesgo para los civiles que estén en las inmediaciones si es que la policía responde a ese ataque de la manera en que lo especifican los protocolos. Hay que evaluar si vale la pena realizar una diligencia que ponga en riesgo la vida de otras personas", razonó.
