La Seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso informó que el 29 de septiembre se entregará el terreno de la familia Correa para la demolición de las viviendas levantadas por pobladores.
A más de cinco años de la muerte del empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario tras el loteo ilegal de su predio, la acción llega a concretar la orden emitida en agosto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para desalojar a las cerca de 150 familias asentadas en el lugar.
El Serviu hizo un llamado a los habitantes, en una resolución exenta publicada en el Diario Oficial el jueves, a acercarse a la Municipalidad de Quilpué "para efectos de ser catastrados, con la finalidad de llevar registro formal y actualizado de los habitantes y poder informales acerca de los beneficios estatales para los cuales resultan hábiles de postular".
De todas formas, la Seremi debe escoger mediante licitación pública a la empresa que demolerá las construcciones y recogerá los escombros, trabajo cuyo costo se estima entre 138 y 446 millones de pesos, informó Las Últimas Noticias.
La abogada de la familia Correa, Jeannette Bruna, detalló a LUN que "la licitación se adjudicaría, según la Seremi, el 17 de septiembre, o sea, la próxima semana.
"Es difícil, pero ellos lo dijeron. Sería bien simbólico, porque esa fecha es el cumpleaños de don Alejandro", destacó.
"Nos preocupa que se haga de manera correcta"
Igualmente, Bruna afirmó respecto al desalojo que "nos preocupa que se haga de manera correcta, en el sentido de que no vaya a ser que Carabineros aparezca desalojando a la gente porque la autoridad no tuvo la capacidad de hacer un proceso guiado de retiro voluntario".
Por otro lado, los abogados de quienes viven en la toma participaron a inicios de septiembre de una mesa de trabajo con las autoridades que dirigen el desalojo, como Carabineros, la Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social.
La abogada Bruna reveló que "lo que se les comunicó (a los representantes de los pobladores) es que, haya o no haya personas, van a demoler igual en esa fecha. Me imagino que van a trabajar concentradamente, para lograr que las personas hagan retiro voluntario y no haya que desalojar por la fuerza".
Asimismo, los habitantes de la toma manifestaron su intención de formar una cooperativa y comprar el terreno. Sin embargo, la abogada aclaró que la familia no se los va vender.
"Tienen un ultimátum para que vayan retirando sus enseres, animales, etcétera", concluyó.
La resolución se da en paralelo a lo que ocurre en la megatoma de San Antonio, donde se agudizó la situación tras la intención de la inmobiliaria a cargo de agilizar las maniobras de desalojo de las cerca de 10.000 personas instaladas en el Cerro Centinela.
