Frente al aumento de episodios de violencia protagonizados por vendedores ambulantes en estaciones de alta afluencia, Metro pidió al Congreso una ley que otorgue mayores atribuciones a su personal de seguridad, con el fin de enfrentar con más eficacia el comercio ilegal al interior de la red.
El presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, advirtió en El Diario de Cooperativa que la falta de facultades concretas limita la capacidad de respuesta de los equipos de seguridad frente a situaciones de alto riesgo.
"Nuestros vigilantes no pueden requisar mercadería ni cursar multas. Esta falta de atribuciones reduce drásticamente nuestro margen de acción y hace más difícil contener la violencia organizada", explicó Muñoz.
El directivo también detalló que, si bien Metro trabaja en coordinación con Carabineros y municipios, se requiere una respuesta legal que refuerce las capacidades operativas de la empresa. "Contamos con personal capacitado y táctico, pero necesitamos respaldo normativo para actuar con mayor eficiencia y legalidad", añadió.
El llamado se produce tras los graves incidentes ocurridos en la estación La Cisterna el pasado jueves, donde un grupo de comerciantes ambulantes organizados atacó a personal de seguridad y a efectivos policiales.
Muñoz recalcó que el comercio informal a gran escala dentro del Metro no solo genera conflictos de seguridad, sino que afecta directamente la experiencia de viaje de millones de usuarios.
En ese contexto, hizo un llamado a los parlamentarios para avanzar en una legislación que permita a las empresas de transporte público enfrentar con mejores herramientas este tipo de delitos.
"Esta es una batalla de largo aliento, pero no vamos a renunciar a recuperar los espacios para nuestros pasajeros", concluyó.
Como parte de las medidas ya implementadas para mejorar la seguridad en la red, Metro de Santiago también prohibió recientemente el ingreso de bultos de gran tamaño, con el objetivo de dificultar el traslado de mercadería destinada al comercio ilegal.