"En periodo electoral es fácil criticar y criticar", dijo la ministra vocera Camilla Vallejo.
Dirigente del asentamiento señaló que "esperaban" la resolución que tomó el Ejecutivo.
La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió este miércoles las críticas que ha recibido la expropiación de 100 hectáreas del terreno donde está emplazada la megatoma de San Antonio, también conocida como campamento Cerro Centinela.
La estrategia para resolver el conflicto contempla la expropiación y posterior apertura de un plan habitacional y, por otro lado, el desalojo comenzando por las zonas que no serán expropiadas.
La propuesta que presentó el Ejecutivo recibió críticas y fue tema esta mañana en el debate presidencial Archi, en que el candidato republicano, José Antonio Kast, apuntó que era un nuevo intento de dilatar el fallo judicial, mientras que la carta oficialista, Jeannette Jara, si bien valoró la iniciativa, aseguró que ella lo habría hecho antes.
Ante esto, la vocera de palacio señaló que "en periodo electoral es fácil criticar y criticar, pero lo mínimo antes de hacerlo es estar informado para no contribuir a la confusión, a la desinformación".
"Este Gobierno está cumpliendo con lo que ha fallado la Corte, a propósito del plan de desalojo que el día de mañana se tiene que presentar en tiempo y forma. Aquí nadie se está ni saltando la fila ni está incumpliendo la ley. Insistimos durante seis meses en un acuerdo, pero lamentablemente los propietarios exigieron un valor por metro cuadrado mayor al valor comercial", afirmó.
Los habitantes de la toma se encuentran trabajando para reubicar a las personas que quedan en las 115 hectáreas que no serán expropiadas e incluir el 10% de los pobladores que no están en cooperativas. A estas últimas se les está solicitando los requisitos para participar en un comité de vivienda, además de un monto de ahorro de $1.500.000.
Elizabeth Rivera, dirigenta de la toma, señaló que "nosotros esperábamos esto. Estuvimos trabajando más de un año en este proyecto de plan habitacional. Todas las familias que están, que van a quedar fuera del paño a expropiar, van a ser reubicadas dentro de lo que sí va a ser expropiado. Y eso lo vamos a hacer en conjunto y con ayuda también del Estado".
"Tenemos vecinos que van a facilitar mano de obra para el desarme y armado de las casas en los otros lugares. Vamos a trabajar para que esto salga lo más rápido posible, para que no haya un perjuicio hacia los dueños también. En qué consiste el proyecto habitacional, cómo va a ser, estamos trabajando todavía en eso", apuntó.
Por otro lado, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Paula Vaglioli, precisó que "el tiempo que se demora un procedimiento de expropiación va a depender de distintos factores, como si el propietario se opone ante tribunales. No obstante, sí hay plazos que están fijados por ley, como los 30 días hábiles que tiene el propietario del terreno para objetarlo, para oponerse ante tribunales. También hay un plazo de 60 días hábiles para que se pague".
En concreto, un juez podría dejar sin efecto la expropiación si es que no se cumplen con los requisitos de derecho o si considera que no corresponde el monto al daño patrimonial realizado. Hasta el momento, la inmobiliaria no se ha pronunciado al respecto y los abogados de esta mencionaron que están coordinando sus acciones de respuesta con los dueños del terreno.
