El monto objetado, que apareció en las cuentas de la Dirección Regional de Santiago Oriente, supera los 620 millones de pesos.
Ante la comisión investigadora del Caso Audios, Dorothy Pérez aclaró que el SII está en proceso de regularizar tal situación.
"¿Cómo puede suceder que tengamos cinco por cuadra? Y nadie se corta el pelo a través del delivery... Todos los chilenos sabemos lo que pasa ahí", dijo Dorothy Pérez ante la Amuch.
Enfatizó que no sólo el Gobierno: también las municipalidades son claves en enfrentar la crisis de seguridad, y están fallando al entregar permisos "masivos" a este tipo de establecimientos.
El documento del ente fiscalizador sostiene que los funcionarios públicos tienen la obligación de "desempeñarse con las más estricta imparcialidad".
Asimismo, enfatiza sobre la prohibición de utilizar bienes, vehículos, recursos físicos y financieros para actividades con fines políticos.
La directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Alejandra Pizarro, envió un oficio a Contraloría para informar sobre las medidas que está adoptando la entidad.
Esto luego de que el ente fiscalizador detectara que el organismo estatal no gestionó el cobro de 46 mil millones de pesos correspondientes a transferencias a entidades públicas y privadas.
Según auditoría, entre otras falencias, el organismo no gestionó el cobro de 46.000 millones de pesos por transferencias entre 2018 y 2022 y tampoco mantuvo control ni registro que identificara a beneficiarios.
La falta de documentación "podría generar que se estén ocultando errores o irregularidades de carácter fraudulento, no advertidos oportunamente", advirtió el ente fiscalizador.
Una auditoría del organismo detectó millonarias irregularidades bajo la gestión del alcalde Santiago Gárate.
Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía y al Consejo Defensa del Estado "para los fines que en derecho correspondan".
Esto gracias a un dictamen promulgado por Contraloría en el año 2017.
La ayuda tendría que coordinarse con Senapred y los gobiernos regionales de las zonas afectadas.
La acción se da en respuesta a las denuncias realizadas por el diputado Andrés Celis (RN) respecto al pago de las cotizaciones de los trabajadores de esas entidades.
El parlamentario advirtió que la situación no solo afectaría los derechos laborales y previsionales de los empleados municipales, sino también el manejo eficiente de fondos públicos.
La entidad adjudicó dicha licitación a Chikawal, organización que se constituyó hace menos de un año.
El dinero tenía como objetivo la realicación de planes de preservación de la lengua mapudungún en establecimientos educaciones de la Región de La Araucanía.
Chikawal fue creada en febrero de 2023 y se adjudicó cinco proyectos.
En julio pasado Fiscalía abrió una investigación para aclarar la posible comisión de delitos.
El ente fiscalizador citó a declarar a los titulares de las carteras de Agricultura, Economía, Interior, Medio Ambiente, Trabajo y Relaciones Exteriores.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, también reconoció haber participado de una reunión en dicho domicilio, pero en calidad de senador.
Los diputados de la Comisión de Salud Daniel Lilayu y Marta Bravo recurrirán a Contraloría para saber si lo ocurrido se repite a lo largo del país.
"La gravedad de este caso amerita que las autoridades del gobierno ejerzan todas las acciones que sean necesarias", dijeron.
"Tuvieron menor tiempo de espera para ingresar a pabellón que el promedio general por especialidad", según un informe de la Contraloría.
Administración del hospital anunció sumario: "Si hubo algún 'pituto' en algún minuto, eso es lo que nos tiene que decir".
Si bien su labor será transitoria, mientras se aclara la discusión sobre la nominación del futuro sucesor de Jorge Bermúdez, los efectos de su asunción ya empiezan a notarse.
Entre otros cambios, reconvirtió el Gabinete y la Secretaría General y creó una división especial sobre municipalidades y Gobiernos Regionales.
