Nos ha parecido oportuno dirigimos a ustedes para exponer los principales motivos que, a nuestro juicio, hacen imperioso poner término al sistema de AFP, que fuera impuesto por la dictadura de Pinochet y sostenido por todos los gobiernos que le sucedieron.
Su verdadero carácter queda en evidencia tras casi cuatro décadas de funcionamiento. Aporta apenas una quinta parte del gasto nacional en pensiones, cuyo nivel general es intolerablemente bajo y decrece constantemente en relación a los salarios. El fisco se ve obligado a endeudarse para aportar las cuatro quintas partes restantes.
Al mismo tiempo ha acumulado un fondo siempre creciente que equivale ya a buena parte del producto interno bruto. Éste se ha conformado a partir de un impuesto a los salarios, pero disfrutan del mismo un puñado de grandes grupos empresariales, que se embolsan por gestionarlo comisiones y primas del mismo orden de lo que aportan a pensiones, y han recibido buena parte del fondo en forma de préstamos y capital accionario.
Ello constituye una inmoralidad social inaceptable que, agravada por su irracionalidad fiscal, son motivos más que suficientes para terminarlo y recuperar las cotizaciones que, en sus niveles actuales permiten con holgura elevar hoy las pensiones a un nivel digno para todos los jubilados, y las pueden sostener hacia el futuro.
También queremos expresarles que, a nuestro parecer, los economistas tenemos al respecto una deuda pendiente con el pueblo chileno que debemos saldar, puesto que nuestra profesión ha jugado un papel no menor en la imposición de este abuso e insensatez fiscal, y su prolongación a lo largo de buena parte de medio siglo.
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