Royalty minero: es hora de avanzar

Camila Rojas

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^{Co-escrita con Daniel Núñez, senador PC por la Región de Coquimbo}

Cuando hablamos de royalty minero hablamos de cifras y también de distribución de la riqueza. Hablamos fundamentalmente de personas, de trabajadores y trabajadoras, de sus familias, su salud y su calidad de vida.

Los beneficios del cobre y la minería los disfrutamos, a grandes rasgos, todas y todos los chilenos. Son innegables los beneficios que significa para el país y también para las regiones donde se desarrolla. La generación de empleos y los ingresos económicos sin duda traen bienestar para las familias trabajadoras de la minería. No por nada el PIB per cápita de Antofagasta, por ejemplo, casi duplica al del país.

Los costos, sin embargo, son también muy altos. El impacto medioambiental, en salud y calidad de vida, lo pagan casi únicamente los habitantes de las regiones mineras, las medidas de mitigación quedan cortas cuando hablamos del bienestar de las personas. Para nadie es secreto el impacto del arsénico y el plomo en la salud de los y las nortinas, y el altísimo costo de las viviendas y si bien en los últimos años la Región de Antofagasta ha mostrado un aumento significativo en la esperanza de vida, aún se mantiene dos años por debajo de la media nacional. La tasa de mortalidad por cáncer de pulmón en esta misma región es la más alta del país, con una alta incidencia también de cáncer de colon, vejiga y piel.

¿Qué tiene que ver esto con el royalty minero? Muchísimo. El proyecto de ley presentado en septiembre de 2018 y que el Gobierno está impulsando con fuerza en el Congreso busca inyectar 450 millones de dólares a comunas y regiones de todo el país, pero con foco en zonas mineras, elevando el presupuesto para la regiones y comunas mineras en 24% y en las no mineras en 18% . Esta inyección de recursos se hará a través de tres fondos: el de compensación de externalidades para comunas mineras, que recibirá 55 millones de dólares anuales, beneficiando no sólo a aquéllas que posean un yacimiento, sino también faenas relacionadas directamente con la actividad minera. El Fondo de Apoyo para la equidad territorial, que contará con 170 millones de dólares anuales, mientras que el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo recibirá un aporte anual de 225 millones de dólares.

Se trata de justicia territorial y descentralización, pero también de mejorar directamente la calidad de vida de los y las habitantes de las comunas mineras. La Región de Coquimbo, por ejemplo, es principalmente minera. Uno de cada cuatro pesos que se producen del PIB vienen de esa actividad. Estos recursos, sin embargo, no se quedan en la región. Con el proyecto de royalty minero eso cambiará, las regiones en general contarán con más recursos, pero con particular enfoque en las localidades que reciben los impactos directos de la minería. Se trata de presupuesto que se destinará a prevención y tratamientos de salud, a reducir las externalidades negativas medioambientales, a la generación de empleos, a mejorar y promover el turismo.

Es justamente esto lo que debemos tener en mente las y los parlamentarios a la hora de debatir este proyecto. No es momento de dilatar y entrampar el debate en la búsqueda de golpes políticos porque supone siempre una estrategia mezquina con las regiones, lo que es más grave en el caso del royalty minero. No se retrasa simplemente un trámite burocrático con la tramitación de esta ley, se retrasa la mejor calidad de vida de miles de familias. Por eso nuestro llamado es hoy a cumplir nuestro propósito como representantes populares: legislemos, avancemos y hagamos que el sueño de una mejor vida sea posible. Que la política sirva.