Vergüenza nacional

Carlos Valenzuela

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Ya presentamos algunos errores del proyecto de ley sobre universidades del Estado. Hay incoherencias e inconsistencias que lo hacen insostenible. En las motivaciones del proyecto se enfatiza el respeto a la pluralidad ideológica y religiosa y se asegura que  es garante para que ningún grupo político, económico, religioso o ideológico se apodere de las universidades estatales o esté en su dirección o políticas de desarrollo, porque ella trasciende a esos intereses.

También se asegura la autonomía universitaria en sus aspectos académicos, administrativos y económicos y se garantiza el pluralismo, laicidad, libertad de pensamiento y de expresión entre otras libertades y la no discriminación, además de insistir en la valoración del mérito.

Un tema de léxico importa a nivel de ideologías y religiones. Es el sustantivo laicidad o laico y su adjetivo. Laico, lego, seglar o secular como adjetivo no es neutro ni ideológica ni religiosamente.

Laico significa que no es clérigo o religioso iniciado y todas las religiones e ideologías tienen personal entre “sacerdotes o clérigos” y laicos, por lo que laico es ambiguo y debería ser eliminado como condición de universidad, además, iniciados en las religiones pueden seguir los estudios universitarios sin renuncia a sus profesiones de fe. Harvard tienen una facultad de religiones llamada la Escuela de la Divinidad y la Universidad de Chile tuvo desde su origen y por 85 años una Facultad de Teología considerada como la Facultad más importante por el mismísimo Andrés Bello. Basta con decir plural que incluye al laico.

Convence el proyecto que la ley quiere proteger a la universidad estatal de los poderes fácticos, ideológicos, religiosos, políticos, económicos, etc., y poner como preponderante al mérito académico.

Resulta patético cuando en el Consejo Directivo, el cuerpo supremo de gobierno, introduce a tres representantes del Presidente(a) de la República, sin exigirles la más alta jerarquía académica, contradiciendo así no tan sólo a varios artículos anteriores sino al espíritu mismo de la ley.

No contento con esto agrega a dos profesionales destacados en la actividad de la región y tampoco les exige la más alta jerarquía académica, quedando claro el ataque contra la academia a quien la ley no quiere en el poder directivo preponderante de la universidad. El proyecto garantizaba el poder político supeditante del poder académico con los partidarios representantes del gobierno; ahora debía garantizar la supeditación de la academia al poder económico de la región.

Estos dos representantes de los empresarios pueden pertenecer a empresas coludidas, destructoras del ecosistema, contaminantes, involucradas con políticos o parlamentarios, evasoras o elusivas de impuestos, emisoras de documentos falsos, pagadoras de bajos salarios, realizadores de prácticas antisindicales y múltiples otras inmoralidades que estamos viendo a raudales, y sin embargo pueden estar instalados en la dirección misma de la universidad estatal regional. ¡Flor de enseñanza ética!

Parecen olvidar los que han hecho la ley que los peores conflictos de intereses son mal solucionados al provenir estos de los empresarios o del gobierno.

Llama la atención que la condición más importante de una universidad que es la academia no está considerada en el proyecto de ley; el mérito no es cualquiera, es mérito académico. La autonomía académica que es la condición autosuficiente de creación de cultura universal no aparece por ninguna parte, no sólo en este proyecto sino que en el de educación superior y no hay vestigios de academia (como elemento rector de la universidad) ni en la ley del 81, ni en la LOCE ni en la LGE. No puede ponerse en igualdad de condiciones a la autonomía administrativa y económica con la académica.

Aquí hay una discrepancia ideológica insuperable entre las realidades universitarias universales y el sistema universitario creado en Chile desde el 81 hasta ahora pasando por la LOCE, la LGE, el proyecto de educación superior (en trámite en el Parlamento) y este de universidades estatales.

Desde la Dictadura hasta los gobiernos de la Concertación, Alianza y Nueva Mayoría han afirmado una educación concebida como bien de consumo, formadora de titulados para optimizar las ganancias de las empresas y han hecho desaparecer la concepción de educación de personas autónomas en lo intelectual, estético, moral y espiritual (la intención por excelencia de la academia).

Lo más importante es la supeditación de la autonomía administrativa y económica a la autonomía académica y no la exigencia de eficiencia económica a la academia, porque ahí mismo se la mata, como ha sucedido y está sucediendo que los programas académicos son evaluados por empresas economicistas.

La ley del 81, la LOCE y la LGE excluyen a la academia propiamente tal de la universidad en Chile. Solo reconocen a las carreras que conducen a títulos universitarios como fundantes de universidad. La intelectualidad, la estética, la ética, las humanidades, las ciencias del espíritu (con excepción de la psicología) no pueden ser universidad en Chile. No puede haber universidad en Chile que sólo tenga Filosofía, Ciencia, Arte, humanidades, Antropología, Sociología, Ciencias Políticas, Teologías.

No se exige a la universidad ser capaz de dictar los grados de magister y doctorado, de tener lugares de pos doctorado competitivo internacionalmente, y menos de ser autónomas en formación académica para ser universidad.

No hay carrera académica nacional normada con internacionales en Chile (continuación de la carrera docente). La acreditación no incluye críticamente la calidad académica de sus integrantes, usa más bien criterios mercantiles de ingreso de dinero; no se exigen plantas radicadas con jerarquías académicas mínimas para evaluar la calidad.

No se ofrece a los postulantes a una universidad la caracterización académica de sus integrantes radicados en ella. No hay ni estatuto ni escalafón académico en Chile, cada universidad lo define a su amaño antojo.

No es raro ver a profesores de liceo nombrados como profesores titulares o a simples profesionales con cualquiera jerarquía académica. La perversión es total.

El proyecto define a una máxima jerarquía académica nacional, como título ¿honorífico? de designación interna (dice el proyecto). No saben lo que es carrera académica transparente externamente a todo Chile.