Conflictos socioambientales, todos perdemos

Durante la última década, Chile ha registrado cada año al menos cien conflictos socioambientales en los que comunidades aledañas a la construcción de proyectos de infraestructura, agroindustria y de explotación de recursos naturales, se oponen completa o parcialmente a su desarrollo.

Los motivos pueden ser múltiples, pero un factor determinante para su oposición es la falta de un diálogo oportuno y pertinente entre las comunidades, el proponente y otros actores relevantes, que permita hacerse una idea real del proyecto y de sus impactos.

Esta ausencia de diálogo provoca frustración y trastorno en la vida de familias, desconfianzas entre las partes involucradas y muchas veces la judicialización de las decisiones sobre proyectos, lo que deriva en una pérdida económica significativa para las empresas y para el país.

En un primer momento existía el análisis de que esta falta de diálogo y negociación entre las diversas partes interesadas y afectadas por un proyecto traía consecuencias negativas sólo a aquellos que residían en el territorio donde se instalaba el mismo, al no poder conocer con anterioridad su desarrollo e impactos.

Sin embargo hoy en día existe un conjunto de estudios que han cuantificado el costo económico que significa para los proponentes y sectores productivos.  Recordemos que en 2014 la Sofofa cifró en 73 mil millones de dólares los proyectos detenidos, de los cuales un 60 por ciento eran mineros. Se puede establecer entonces que todos perdemos cuando los proyectos de inversión no cuentan con espacios de participación donde los diversos actores incidan en la toma de decisiones. Pierde el país, el medio ambiente, el crecimiento económico y todos quienes habitamos Chile.

Hoy la gente que quiere participar e incidir se pregunta ¿por qué la ley sólo otorga dos meses para enviar observaciones a un proyecto, por escrito y sin oportunidad de diálogo, cuando la negociación entre los otros actores involucrados puede tomar hasta dos años?

Chile, en ese sentido, debe mostrar que le interesa apuntar hacia un desarrollo que logre equilibrar perspectivas económicas, medioambientales y sociales, de forma categórica.

Hoy existen algunas iniciativas desde el Estado y de alianzas público-privadas sobre la materia. Un buen indicador está siendo su compromiso con el “Principio 10” de la Declaración de Río, donde el país negocia con otra veintena de naciones latinoamericanas y caribeñas la incorporación de mecanismos de  información, participación y justicia ambiental.

Por último, ¿cuáles serán las propuestas al respecto de los candidatos a la presidencia?

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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