¿Acuerdo para una nueva Constitución?

Pedro Vera

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Desde el Gobierno y desde el Congreso Nacional se nos ha propuesto considerar positivamente el reciente acuerdo para retomar un proceso constituyente denominado, de manera algo pomposa, "Acuerdo por Chile".

Más aún, en el primer párrafo se señala: "Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva Constitución para Chile". Claro que ninguna explicación se ha dado para que, además de los partidos políticos con representación parlamentaria, se haya invitado, entendemos que por parte de quienes dirigieron este proceso, es decir el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, a movimientos que no tienen una existencia legal como partidos políticos como Demócratas, Amarillos por Chile y UNIR tal vez en una demostración, que nadie ha pedido, de un amplio pluralismo.

Es interesante que, lo primero que buscó definir el acuerdo fueron las bases constitucionales que en rigor otros han llamado con razón "los bordes" y que, en definitiva, son los límites previamente establecidos a la discusión constitucional.

Se pueden entender y compartir la mayoría de ellos -para no repetir los errores del anterior proceso que condujeron a un mal texto- y como una obsesión, ya más difícil de entender, de mantener el Chile que conocemos, de ser fieles a nuestra historia y de permitir sólo cambios graduales y prudentes. Es decir, reforzar la idea en los futuros miembros electos del Consejo Constitucional de que no es posible soñar con un país, por ejemplo, en que una sociedad comunitaria e inclusiva se de normas distintas de desarrollo y de convivencia o que un Chile descentralizado requiera alterar significativamente el régimen político.

Obviamente, la pertinencia de estas Bases Constitucionales permea todo el acuerdo y explica la curiosa definición de los 3 órganos creados para habilitar el proceso: el Consejo Constitucional, la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad.

Así, la definición del Consejo Constitucional como un órgano 100% electo, con paridad de entrada y de salida y con escaños supranumerarios para nuestros pueblos originarios, aún con reglas de elección que parezcan cuestionables, se presenta como interesante propuesta en el marco de los difíciles días de negociación. Seguramente "se coló bajo la puerta" en un momento de cansancio de los participantes en este diálogo y hubo que crear, creativamente, las barreras apropiadas.

Así, surge el segundo órgano propuesto que se denomina la Comisión Experta. Ciertamente recurrir al expediente que sus miembros sean 24, es poco serio y no resiste ningún análisis cuando se dice que se ha buscado honrar el recuerdo del Grupo de Estudios Constitucionales o Grupo de los 24 que presidiera Manuel Sanhueza. Recordemos lo fundamental señalado por dicho grupo de chilenos eminentes: "El grupo sostenía que el pueblo tiene el legítimo derecho de darse a sí mismo el orden social que desee. El pueblo está constituido por todos los habitantes del país, cualesquiera sean sus ideas, condición social y económica, que deben decidir en conjunto su futuro y participar en su construcción de manera responsable y solidaria. La capacidad de decidir sobre el destino del país, sin interferencias externas, es lo que llama soberanía. Todas las doctrinas humanistas que se conocen afirman que la soberanía reside en el pueblo. Nadie puede ni tiene derecho a atribuirse la representación del pueblo, sin contar con un mandato preciso y legalmente otorgado por la mayoría de los ciudadanos".

Pues bien, esta Comisión Experta integrada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria, elegidas en igual número por la Cámara de Diputados y el Senado, tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Sus miembros se integrarán al Consejo Constitucional y tendrán derecho a voz en todo momento. Pero no sólo eso, sino que al final del proceso de elaboración -si queda algo por redactar- por parte del Consejo Constitucional, la Comisión Experta hará el trabajo de armonización y podrá proponer propuestas que mejoren la redacción y la comprensión del texto. Cuando no exista acuerdo entre ambos organismos, intervendrá una Comisión Mixta integrada en forma paritaria entre ambos organismos y, si no existiere acuerdo, la potestad de propuesta vuelve a la Comisión Experta.

Por último, este Acuerdo propone un Comité Técnico de Admisibilidad -¡lo que faltaba!- compuesto por 12 juristas designados por el Senado a propuesta de la Cámara de Diputados que tendrá por función la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las bases institucionales.

Por nuestra parte, y con el mayor respeto por el patriotismo de quienes sanamente han participado en este diálogo, proponemos que todo el texto del Acuerdo sea revisado de inmediato por un Comité Técnico de Admisibilidad ad-hoc ya que los firmantes están violando claramente el primero de los bordes o límites constitucionales, que ellos denominan bases, y que establece: "Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo". Escuchemos el eco del grupo de los 24 proclamando como hemos recordado: "Nadie puede ni tiene derecho a atribuirse la representación del pueblo, sin contar con un mandato preciso y legalmente otorgado por la mayoría de los ciudadanos."

La reforma constitucional necesaria para habilitar este proceso constituyente sólo tendrá sentido si la soberanía reside en el Consejo Constitucional y si un Comité de Expertos -cuya definición debiera ser amplia- asegura una función de capacitación y de asesoría a ese cuerpo pequeño 100% electo como seguramente todos estaremos de acuerdo.

No se puede celebrar un acuerdo que más se parece a una imposición y a un chantaje de quienes se consideran representantes del 62% que votó Rechazo en el plebiscito de salida, que a lo que esperaríamos de una política de acuerdos que respete al menos las propias bases que se predican.

Celebrar con la alegría de un cumpleaños un acuerdo que sepulta la soberanía popular en este tema, siempre será un contrasentido y no puede esperarse nada bueno para Chile si se insiste de manera contumaz en no revisar lo que es digno y legítimo para efectivamente construir una Nueva Constitución con más y mejor democracia.