Defensa del derecho a la vida, ni de derecha ni de izquierda

Stephan Schubert

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Cada 25 de marzo se conmemora el Día del Niño que está por Nacer y la Adopción, una fecha que nos recuerda el valor inherente de toda vida humana desde sus etapas más tempranas. Algo que va en contra de la cultura de la muerte que ha promovido recurrentemente este gobierno. Hemos señalado que la dignidad y el derecho a vivir de una persona no dependen de su nivel de desarrollo o de sus capacidades actuales, sino de su naturaleza como ser humano.

Desde la concepción, el ser humano posee una identidad única y todo el potencial necesario para desarrollarse plenamente, por lo que fijar un criterio arbitrario para determinar cuándo alguien se convierte en persona es inconsistente y peligroso. Si aceptáramos que solo quienes cumplen ciertas características (como la conciencia o la independencia) merecen ser considerados personas, entonces también se podrían excluir de este derecho a los bebés, a personas en coma o con discapacidades graves, lo que contradice nuestra intuición moral de que toda vida humana tiene el mismo valor intrínseco.

Por otro lado, durante los últimos días se ha concitado un debate en Chile respecto del restablecimiento de la pena de muerte, principalmente impulsado por las declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. La candidata ha mostrado una opinión favorable respecto de la pena capital, algo que ha producido un grave conflicto interno en la coalición de centro-derecha.

No son pocos los críticos que han señalado que la aplicación de la pena de muerte carece de evidencia científica suficiente sobre su efectividad para combatir la criminalidad. Un ejemplo de ello son los expertos en seguridad y derecho penal Jorge Araya y Mario Palma. Y por otro lado, debemos abordar el tema de fondo: Que la pena de muerte no es coherente con la defensa del derecho a la vida.

El filósofo del derecho John Finnis establece que hay bienes básicos evidentes para todos, de los cuales se deducen los derechos humanos; bienes básicos como la vida y el carácter social del género humano. Desde esta perspectiva, la pena de muerte es moralmente inaceptable porque constituye un mal intrínseco, porque el acto de ejecutar a un ser humano, incluso si es culpable de un crimen, implica la elección intencional de poner fin a una vida (al igual que el aborto y la eutanasia), lo que contradice el principio de que la justicia no puede basarse en la destrucción directa de bienes humanos fundamentales. La pena de muerte, por tanto, es un acto siempre incorrecto independientemente de las circunstancias, y dicha acción no puede volverse moralmente admisible en función de sus consecuencias o de una supuesta proporcionalidad entre bienes y males.

Aplicar la pena de muerte implica que el Estado instrumentaliza la existencia de un individuo para lograr un supuesto bien mayor, como la seguridad pública o la disuasión del crimen, lo cual es contrario a la dignidad humana, ya que las personas no pueden reducirse a meros medios dentro de un cálculo de consecuencias. En una sociedad con sistemas penales avanzados, existen medios no letales -como la cadena perpetua efectiva y aislamiento-que permiten garantizar el orden público sin incurrir en la eliminación definitiva de una vida humana.

Por esto, debemos, hoy más que nunca, defender el derecho a la vida y la dignidad humana de los ataques que puedan venir tanto de la derecha como de la izquierda.