Mano dura, camino equivocado

Todo indica que ante la preocupante prolongación del conflicto en la región de Aysén, el inicio de las manifestaciones estudiantiles y el anuncio de movilizaciones en el norte la próxima semana, el Gobierno ha decidido optar por aplicar mano dura en lugar de asumir su responsabilidad de gobernar y saber enfrentar las demandas ciudadanas.

Mala señal y, sin duda errada decisión, pues los cálculos que se realizan en la Moneda no consideran una realidad ineludible: el país cambió e ignorar el empoderamiento ciudadano, especialmente el que se aprecia en regiones con más fuerza que nunca, no tiene lógica ni sustento alguno.

Si el Gobierno sigue en la línea de la represión, denunciada no sólo por los afectados, sino por numerosos observadores de Derechos Humanos que han llegado hasta la región de Aysén, estará asumiendo públicamente su incapacidad de gobernar, su incapacidad de asumir las demandas ciudadanas en forma democrática y civilizada.

Aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en el conflicto de Aysén sería un verdadero suicidio político, pues, sin duda, otros levantamientos en el país podrían multiplicarse en forma automática, afectándose aún más el ya complejo clima social.

Nuestro país ha cambiado y los ciudadanos hoy no sólo forman parte de la Agenda Pública, sino que apelan al derecho a expresarse y a demandar igualdad de oportunidades frente a un centralismo ciego, sordo y mudo, que hoy tiene a muchas regiones, especialmente a Aysén, bajo una nube de frustración, decepción y desconfianza en esta “nueva forma de gobernar”.

Es responsabilidad de todos asumir estos cambios, cada uno desde las facultades y atribuciones propias de su institucionalidad; pero el Gobierno y sus voceros, no han sido capaces de llegar a un buen puerto en las conversaciones, pues no se avanza si en lugar de dialogar se imponen condiciones en forma sistemática.

Si todos los involucrados no logramos sintonizar y empatizar con las transformaciones sociales de manera asertiva, los cambios demandados continuarán circulando por la periferia de las instituciones, perjudicando gravemente el desarrollo de la Democracia.