Aborto, lo urgente y lo importante
Los tiempos políticos parecen correr más velozmente cuando los gobiernos entran en su recta final. En este contexto, y dado que el Gobierno de la Nueva Mayoría ha sido sumamente ambicioso en lo que respecta a la agenda legislativa, se plantea la necesidad de establecer prioridades de cara al corto y mediano plazo.La clave está en qué criterios guiarán tal definición. Indudablemente, la agenda política en general y la legislativa en particular, deben responder a la relevancia social de los proyectos en juego, lo que genera extrañas dicotomías entre lo que se supone urgente vs. lo importante.
El proyecto de despenalización del aborto en tres causales que ya ha sido aprobado por la Comisión de Salud del Senado y se encuentra en la Comisión de Constitución, también exige ser considerado en esa perspectiva. Así, su urgencia más inmediata está dada porque en este mismo momento se están practicando docenas de abortos en Chile. La cifra negra hace muy difícil precisar la cantidad, que puede oscilar entre 40 y 100 abortos diarios, según quién y cómo la estime. Esto significa que cada día, docenas de mujeres corran el riesgo de morir en manos de algún inescrupuloso, o de sufrir consecuencias irreversibles sobre su salud física y psíquica.
A su vez, la urgencia también está dada porque en la negación del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, hay una inaceptable vulneración de los Derechos Humanos de la que Chile no puede seguir siendo cómplice.
Tal como en 1949 resultaba tan urgente como importante terminar con la exclusión de las mujeres del derecho al voto, hoy se torna impostergable reconocer y asumir su derecho a decidir.
La ley vigente vulnera a tal punto los derechos de las mujeres, que prohíbe que una mujer con embarazo inviable elija cómo enfrentar semejante situación, y obliga a una niña violada a ser madre, por ejemplo, a los 10 años de edad. Hasta hoy, se criminaliza y penaliza a las mujeres, adolescentes y niñas que recurren al aborto, cometiendo un grave error quienes afirman que esto es una mera formalidad sin mayores consecuencias: entre los años 2010 a 2014 se han procesado 182 mujeres por delito de aborto, sumando a la dura situación que viven, el estigma social y moral.
La ciudadanía, por su parte, ya ha incorporado en su retina la perspectiva de los derechos de las mujeres. Así lo corroboran múltiples estudios y encuestas recientes demostrando que, una vez más, la ciudadanía lleva la delantera en materia de cambios civilizatorios que gran parte de las elites, resisten.
Es este consenso social el que debe iluminar las decisiones, y no las diferencias al interior de las coaliciones políticas. No se trata de calmar ánimos crispados, ni de cerrar frentes de conflicto político a este precio. Se trata de la vida y los derechos de las mujeres, es decir, de lo urgente y lo importante.
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