Reforma a la ley de Inclusión Laboral: ¿Se resuelven las brechas?

María José Escudero

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En este mes en que se aviva más el sentimiento de orgullo de ser chileno, chilena o residente en Chile, todas y todos podríamos estar de acuerdo con la urgente necesidad de atender temas como la equidad de género, la descentralización y la educación en nuestro país.

Sin embargo, es más urgente aún poner atención respecto a estos temas en grupos que históricamente han tenido restricción de participación en nuestra sociedad, como lo son las personas con discapacidad. Es por esto, que desde Fundación Ronda creemos que debieran ser considerados en la actual reforma a la ley 21.015, de Inclusión Laboral, pues si se hacen las mejoras adecuadas será posible realmente transformar la vida de muchos(as), a través de la inclusión sociolaboral de casi tres millones de personas con discapacidad en edad de trabajar.

Nos preocupa que en la Comisión de Personas Mayores y Personas con Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados no hayan sido consideradas nuestras propuestas de mejora respecto a las actuales indicaciones al proyecto, como organizaciones de la sociedad civil expertas en discapacidad. Lamentablemente, estas indicaciones fueron aprobadas de manera unánime y no resuelven varios de los problemas existentes. No queremos que esto ocurra también en el Senado.

Nuestro llamado a los senadores y senadoras es concreto. Los y las invitamos a rechazar las indicaciones en la próxima votación en sala, para que el proyecto pase a comisión mixta y de esta forma se puedan realizar las modificaciones necesarias a las indicaciones propuestas.

Entre ellas, por ejemplo, que el aumento del 2% de la cuota de personas con discapacidad en el sector público y privado no quede condicionado al 80% del cumplimiento de éstas, sino más bien que exista un plazo de tiempo que permita en paralelo reducir las grandes brechas que existen en buena parte de la población con discapacidad en materia de educación técnica y/o superior.

Son brechas históricas originadas por las grandes barreras de acceso que han tenido para poder acceder a ella por razones de índole económico, cultural, de infraestructura, falta de accesibilidad y diseño universal, entre otros. Además, este problema afecta actualmente a muchas empresas que quieren contratar a personas con discapacidad, pero por su giro y quehacer organizacional, requieren trabajadores con competencias y estudios acreditados.

Diversas organizaciones de la sociedad civil hemos estudiado los problemas existentes y propuesto vías de solución, pero éstas deben ser atendidas por el Ejecutivo y por los legisladores(as), por lo que hacemos hoy este urgente llamado.

Es imprescindible que las personas con discapacidad pasen a ser sujetos de derecho, tal como lo establece la Convención Internacional de Derecho de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, que Chile ratificó el año 2008. Es que a pesar de que ya estamos en el 2023, la norma no se ha convertido en una realidad con la profundidad que se esperaba.

La inclusión es tarea de todos y todas, por lo que esperamos que esto prime en el centro de la discusión en nuestro parlamento.