Se aprobó la ley de envejecimiento positivo: un punto de partida
La aprobación de la ley para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del Senama representa un avance relevante en un país que envejece rápido y de forma profundamente desigual. No porque resuelva las carencias estructurales que enfrentan las personas mayores más pobres de Chile -sigue pendiente-, sino porque instala, por primera vez con mayor claridad, un marco de derechos, deberes y responsabilidades públicas frente a una realidad que durante décadas ha sido abordada de forma fragmentada, asistencial y tardía.
Para las personas mayores en situación de pobreza, fragilidad o dependencia, la ley tiene un valor político y práctico concreto: deja de tratarlas solo como beneficiarias de programas y las reconoce como sujetos de derechos, con dignidad, autonomía y voz, incluso cuando esa autonomía está limitada por la dependencia, la enfermedad o el abandono.
Este cambio no es retórico. La ley explicita derechos clave para quienes viven en mayor vulnerabilidad. El derecho a una vida libre de violencia y abandono; a un trato digno y preferente; a la participación comunitaria; al acceso a la justicia; y a medidas de protección efectivas cuando su integridad física o psíquica está en riesgo. En un país donde miles de personas mayores pobres viven solas, aisladas o con redes familiares frágiles, el reconocimiento del abandono social como una forma de vulneración es un avance sustantivo, aunque todavía insuficiente.
La creación de una Política Nacional de Envejecimiento y el fortalecimiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor contribuyen a superar la lógica de iniciativas dispersas y de corto plazo. Para el Hogar de Cristo, que trabaja diariamente con personas mayores dependientes, frágiles o excluidas, esto abre la posibilidad -aún incipiente- de una mayor coherencia entre programas domiciliarios, centros diurnos y residencias, y de una mejor coordinación con el Estado a nivel territorial.
Sería un error presentar esta ley como un punto de llegada. La normativa no consagra el derecho a los cuidados de largo plazo, justamente el eje más crítico para quienes viven con dependencia severa sin apoyo familiar ni recursos. Tampoco establece al Estado como garante efectivo de los derechos que enumera, sino como promotor, trasladando gran parte de la carga a las familias y comunidades, que muchas veces ya están sobrepasadas.
A ello se suma un vacío institucional relevante: el rechazo del rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la promoción y protección de los derechos de las personas mayores. Esto reduce las posibilidades de exigibilidad real. En contextos de pobreza extrema, donde la vulneración no siempre es visible ni denunciada, sin un actor con mandato claro de defensa, los derechos corren el riesgo de quedarse en el papel.
En síntesis, esta ley no transforma por sí sola la vejez pobre en Chile, pero sí cambia el marco desde el cual el Estado y la sociedad están obligados a mirarla. Reconoce que el envejecimiento digno no es un asunto individual ni familiar, sino un desafío colectivo que requiere planificación, corresponsabilidad y políticas públicas sostenidas. Para Hogar de Cristo, el desafío que sigue es claro: empujar para que este marco se traduzca en garantías reales, financiamiento suficiente y, sobre todo, en un sistema de cuidados que esté a la altura de la vida y la dignidad de las personas mayores más excluidas del país.
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