El fiscal nacional, Ángel Valencia, removió este viernes al persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper, del caso ProCultura, en marco de la investigación de convenios y financiamientos irregulares a la política.
Su salida ocurre luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera el recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus, expsiquiatra del Presidente Gabriel Boric y exesposa de Alberto Larraín, luego de los pinchazos telefónicos que le hizo Fiscalía durante la indagatoria.
Huneeus presentó el requerimiento la semana pasada, donde acusó que el Ministerio Público intervino ilegalmente su celular debido a que, en el momento de la diligencia, ella se encontraba en calidad de testigo y no de imputada en la mencionada arista investigativa del caso convenios.
Los últimos días, Fiscalía defendió el pinchazo al fundamentar que sospecha del presunto involucramiento de Huneuus en delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias, a raíz de conversaciones mantenidas, por ejemplo, con el Mandatario, que posteriormente se filtró.
Sin embargo, la Corte de Antofagasta determinó que el ente persecutor y la PDI hicieron una "interceptación groseramente ilegal" del dipositivo de Huneeus, donde se transcribieron diálogos "con su madre doña Marta Lagos; con doña María Constanza Gómez; otra, con el presidente de la República don Gabriel Boric Font; y, de nuevo, otras dos conversaciones con su madre".
A través de un comunicado difundido esta noche, el Ministerio Público informó que Valencia reasignó el caso Procultura a la Fiscalía Regional de Antofagasta, encabezada por Juan Carlos Bekios, "atendida su complejidad y gravedad, y con el objetivo de asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso".
"Paralelamente —añadió la nota de prensa—, se ha requerido al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que proceda a informar sobre todos los puntos observados en el reciente fallo judicial de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, que, acogiendo un amparo, declaró ilegales diversas diligencias intrusivas solicitadas en el marco de la causa precitada".
"Estas decisiones se adoptan en resguardo del interés público y de los principios rectores que deben guiar la actuación del Ministerio Público", señaló el ente persecutor.
"El compromiso de la Fiscalía Nacional es claro: velar por el estricto cumplimiento de la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía en la labor del sistema de persecución penal", concluyó el comunicado.