"El compromiso de la Fiscalía es claro: velar por el estricto cumplimiento de la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía", explicó el Ministerio Público.
La investigación quedó en manos del persecutor Juan Carlos Bekios, de Antofagasta.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, removió este viernes al persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper, del caso ProCultura, en marco de la investigación de convenios y financiamientos irregulares a la política.
Su salida ocurre luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera el recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus, expsiquiatra del Presidente Gabriel Boric y exesposa de Alberto Larraín, luego de los pinchazos telefónicos que le hizo Fiscalía durante la indagatoria.
Huneeus presentó el requerimiento la semana pasada, donde acusó que el Ministerio Público intervino ilegalmente su celular debido a que, en el momento de la diligencia, ella se encontraba en calidad de testigo y no de imputada en la mencionada arista investigativa del caso convenios.
Los últimos días, Fiscalía defendió el pinchazo al fundamentar que sospecha del presunto involucramiento de Huneuus en delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias, a raíz de conversaciones mantenidas, por ejemplo, con el Mandatario, que posteriormente se filtró.
Sin embargo, la Corte de Antofagasta determinó que el ente persecutor y la PDI hicieron una "interceptación groseramente ilegal" del dipositivo de Huneeus, donde se transcribieron diálogos "con su madre doña Marta Lagos; con doña María Constanza Gómez; otra, con el presidente de la República don Gabriel Boric Font; y, de nuevo, otras dos conversaciones con su madre".
A través de un comunicado difundido esta noche, el Ministerio Público informó que Valencia reasignó el caso Procultura a la Fiscalía Regional de Antofagasta, encabezada por Juan Carlos Bekios, "atendida su complejidad y gravedad, y con el objetivo de asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso".
"Paralelamente —añadió la nota de prensa—, se ha requerido al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que proceda a informar sobre todos los puntos observados en el reciente fallo judicial de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, que, acogiendo un amparo, declaró ilegales diversas diligencias intrusivas solicitadas en el marco de la causa precitada".
"Estas decisiones se adoptan en resguardo del interés público y de los principios rectores que deben guiar la actuación del Ministerio Público", señaló el ente persecutor.
"El compromiso de la Fiscalía Nacional es claro: velar por el estricto cumplimiento de la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía en la labor del sistema de persecución penal", concluyó el comunicado.
Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, celebró la decisión de la Corte y apuntó que "como colectividad, creemos que en todos los casos de corrupción debe haber una investigación profunda y con rigor. Por eso es positivo que las instituciones funcionen. Hoy la Corte de Apelaciones declaró ilegal la conversación entre el presidente de la República y su ex-psiquiatra".
"Nuestra alerta ha sido siempre la misma, que este tipo de prácticas no se naturalicen y se logre verdad y justicia en todos los casos", sostuvo.
En contra posición, la diputada Camila Flores (RN) lamentó la noticia y señaló que "me parece una cosa muy pequeña, que se hayan fijado simplemente en que este teléfono no estaba a nombre de ella para decretar que todas las diligencias que se habían hecho se iban a tener por desechadas".
"Yo creo que el Ministerio Público tiene que ser fortalecido. Tenemos que los distintos poderes del Estado, incluido los tribunales, apoyar al fiscal Cooper que está sacando adelante esta investigación y no entorpecer ni ponerle más dificultades porque pequeñas cosas que son resquicios que a estas alturas son insignificantes", dijo.
