La Comisión de Constitución del Senado avanza hacia un consenso para endurecer las sanciones contra quienes divulguen datos de procesos.
Sin embargo, la Defensoría Nacional Pública planteó reparos sobre el acceso a la información.
La Comisión de Constitución del Senado parece avanzar hacia un consenso para impulsar un proyecto de ley que evite las filtraciones de investigaciones en curso.
La iniciativa surge a raíz de diversos casos de alta connotación pública que han puesto en evidencia la vulnerabilidad de la información judicial, como las conversaciones privadas del caso Hermosilla, el acceso indebido a la carpeta del caso Monsalve, y la difusión de chats entre la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola en el marco del caso Sierra Bella.
El senador PPD Pedro Araya, junto a otros integrantes de la Comisión de Constitución, presentó esta propuesta con el objetivo de fortalecer el resguardo de la información en investigaciones penales.
El texto busca implementar un régimen efectivo de sanciones para quienes difundan datos de procesos penales, especialmente aquellos declarados reservados o relacionados con el crimen organizado.
Además, se propone la creación de un anexo especial dentro de la carpeta investigativa para proteger documentación sin interés directo para la causa, y establecer un nuevo tipo penal que sancione explícitamente a intervinientes o terceros que divulguen o instrumentalicen procesos judiciales.
Durante la sesión de hoy de la comisión, la defensora nacional pública, Verónica Encina, expuso sus observaciones. Si bien reconoció que la principal responsabilidad recae en el Ministerio Público y las policías, expresó que el "principal problema" del proyecto es la creación de carpetas paralelas de antecedentes, que podría generar un desequilibrio y falta de control, impidiendo que la defensa acceda a información potencialmente relevante para el proceso.
"Lo que estamos haciendo es generar carpetas que sólo va a conocer el Ministerio Público con antecedentes que el Ministerio Público dice que no son de interés penal, pero que en algún momento puede decir que sí lo son, sin ningún control. ¿Cómo va a haber controversia si nosotros, por ejemplo, como defensores no conocemos el contenido? ¿Cómo vamos a saber si hay algún antecedente allí que le sirve a la defensa?", dijo la abogada ante los senadores.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, aunque no asistió directamente a esta comisión, se refirió al tema en otra instancia, insistiendo en la necesidad de modificar la ley.
Señaló el jefe del Ministerio Público: "Hemos tomado un conjunto de medidas internas, invertido dinero en mejorar nuestro sistema informático, aplicado sanciones a funcionarios en la Fiscalía, ni siquiera por filtrarlas, sino que acceder a esa información. Tenemos investigaciones penales abiertas, pero todo eso no alcanza si no se resuelve un problema estructural: la ley permite acceder como intervinientes, como querellantes, que ocasionan conmoción pública, que son causas de relevancia política, a personas que no son las víctimas; (sino también) a cualquier persona que tenga domicilio en la provincia".
"Lamentablemente, personas que no tienen interés en la causa pueden presentar una querella, porque la ley se los permite, con el objeto de tener copia de los antecedentes y eventualmente dañar la reputación de las personas contra las que se querellan difundiéndolos en la prensa", cuestionó Valencia.
A pesar de la existencia de un amplio consenso en la comisión para aprobar en general el proyecto, la votación, inicialmente programada para hoy, fue postergada para la próxima sesión, con el propósito de escuchar al Colegio de Periodistas, quienes estaban invitados a exponer durante la jornada pero se excusaron.
En otro tema relevante, los comités del Senado han puesto en la tabla para mañana martes, en la Sala, el proyecto de reforma constitucional relativo al sistema político electoral y el proyecto de ley que establece multas a los electores que no sufraguen. No obstante, la sesión ordinaria se transformó en especial, y el acuerdo previo es que estos proyectos se votarán en la próxima sesión ordinaria, por lo que su votación mañana no es 100% segura.
