El superintendente de Salud, Víctor Torres (DC), inició este lunes la serie de reuniones con representantes de las isapres que anunció previamente, con el fin de acordar una solución administrativa para mejorar las devoluciones de los pagos cobrados en exceso a sus afiliados.
Las aseguradoras deben un total de 1,2 billones de pesos a aquellos clientes que pagaron más de lo debido entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de agosto de 2024, al aplicárseles la Tabla Única de Factores.
Sin embargo, la ley corta -despachada en mayo- que fue creada para que las isapres devuelvan el dinero en obediencia a un fallo de la Corte Suprema, no les exige entregar el dinero en una cuota, ya que dependerá de su estabilidad financiera.
Esto dio lugar a que las aseguradoras ofrecieran el retorno en cuotas casi imperceptibles -entre 500 a mil pesos mensuales-, lo que afecta especialmente a cotizantes menores de 65 años porque se les fijó un plazo máximo de 13 años para que reciban todo su dinero.
En este escenario, previo a la reunión con los representantes de las isapres Nueva Masvida, Cruz Blanca y Colmena, el superintendente llamó a "moderar las expectativas".
"Yo entiendo lo de las soluciones audaces (para la cuestión de las devoluciones), pero nunca deben carecer de sustento legal porque finalmente -por más bien intencionadas que sean- pueden tener un rebote en los propios tribunales", manifestó Torres.
"Entonces, hay que equilibrar algunas cosas: buscar alternativas que no sean consideradas un actuar arbitrario por parte del regulador. Estamos disponibles a buscar esas alternativas, pero con sentido de responsabilidad", añadió.
De las aseguradoras mencionadas, Nueva Masvida y Colmena no figuran entre las más cuestionadas por las devoluciones. Por el contrario, Cruz Blanca -junto a Banmédica y Vida Tres- son las que más tienen afiliados recibiendo montos ínfimos, según datos manejados por el Congreso.
Consejo Consultivo fue citado a Comisión de Salud
Los planes de devolución fueron aprobados por la Superintendencia tras seguir las recomendaciones del Consejo Consultivo creado para tal efecto, cuyos representantes fueron citados a declarar ante la Comisión de Salud del Senado esta jornada a las 14:30 horas.
"Es clave que el Consejo Consultivo, que sé que llevará propuestas, aborde profunda y radicalmente la solución. No puede ocurrir que, después de dos años de asistencia judicial, quede la percepción de impunidad, una falta de colaboración de las isapres con gran daño reputacional, y sobre todo una gran humillación a la gente", expresó el senador socialista Juan Luis Castro.
El organismo -que fue integrado por dos médicos, una ingeniera comercial, un economista y un abogado- no definió cómo se hacían los planes de devolución, sino que verificó si éstas (elaboradas por las mismas aseguradoras) cumplían con la ley corta.
Expresidenta del Consejo atribuyó a Superintendencia el no acoger monto mínimo de pago
La expresidenta del Consejo Consultivo Paula Benavides relató ante la Comisión que, al revisar el plan presentado por la isapre Consalud -que incluyó un pago mínimo mensual mayor a 2.000 pesos-, recomendó pedir a las otras aseguradoras que hicieran lo mismo.
"Recomendamos a la Superintendencia autorizar la posibilidad de establecer un monto mínimo de pago mensual de la deuda de los afiliados para generar un proceso eficiente. (Pero) el organismo respondió que sería considerada como posibilidad de regulación futura", sostuvo Benavides.
Ante esto, el senador Castro se manifestó "preocupado" y consultó directamente a la Superintendencia por qué no acogió esta recomendación del Consejo. En tanto, la senadora Ximena Órdenes (PPD) pidió que "los organismos fiscalizadores pudieran adelantarse a estas situaciones".
El senador Sergio Gahona (UDI) sostuvo que "mi impresión es que este asunto se resuelve solo con aumento de capital, no veo otra alternativa. Es decir, aquí como hay flujo para adelantar pagos estableciendo un monto mínimo si además el sistema, según nos reportó el superintendente la semana pasada, está con pérdidas".
Como respuesta, el superintendente Víctor Torres enfatizó que no se desestimó "tajantemente" esa propuesta, sino que en ese momento no se acogió por supuestamente no poder cumplirse a raíz de la situación financiera de las aseguradoras.
"El gran error" de la ley
A su turno, el exmiembro del Consejo Consultivo Patricio Fernández, otrora superintendente de Salud durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, reflexionó cuál pudo haber sido el error de haber dejado este tema a voluntad de las isapres.
"Quizá el gran quizás error que se puede revisar en relación a la normativa, sea la ley o las regulaciones posteriores, es que tampoco se puede confiar en que las isapres por sí solas van a ejercer esa posibilidad, pero es algo que el superintendente está haciendo, está trabajando con las isapres", indicó.
Por su parte, el exvicepresidente del Consejo, César Cárcamo, propuso algunos criterios a considerar al momento de fijar, por ejemplo, reglas a implementar al pronto pago, si las isapres están en condiciones de aceptarlo.
"Está la ley vigente sobre los pacientes que tienen enfermedades terminales y que tienen derecho a retirar sus fondos de AFP, y, si algunos de los 700.000 personas que están en el plan de devolución hoy día son afectas a la ley, se podría hacer una suerte de compatibilizar esas dos solicitudes. Y los otros son los pacientes que están postrados o tienen secuelas de invalidez", señaló.
