El presidente argentino acusó esta semana a la justicia latinoamericana, incluyendo la chilena, de perseguir opositores.
"La única verdad es que hay un juicio que lleva más de una década y tiene de rehén a una persona", declaró refiriéndose al juicio de SQM en que se investiga a Marco Enríquez-Ominami.
La instancia constitucional declaró inadmisible el requerimiento del exsenador, que arriesga dos penas por el delito de cohecho.
"El proceso se ha tornado completamente ilegítimo", fustigó la defensa, que advirtió con recurrir eventualmente a la Corte Interamericana de DDHH.
La misiva, a juicio del excandidato presidencial, expresa "claramente que se violan los plazos, es un proceso que ya tiene problemas de nulidad por plazo razonable".
"Además hay un problema con el auto de apertura, con el texto. Hay evidente sesgo de los fiscales, varios de ellos con dedicación exclusiva", fustigó.
"Yo respeto las instituciones y espero lo mismo de mis colegas", comentó el Presidente Boric, en medio de la molestia del Gobierno luego de que el mandatario trasandino, Alberto Fernández, firmara la carta.
El mandatario argentino, junto a otros líderes del Grupo de Puebla, cuestionaron a la Justicia chilena por las constantes dilaciones del juicio SQM.
"El Gobierno no sólo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público", destacó la ministra Antonia Urrejola.
El Grupo de Puebla, mediante una misiva firmada por 29 líderes, criticó a la Justicia chilena por las constantes dilaciones del juicio que, tras ocho años, inició este lunes.
Denunció que el cuatro veces candidato presidencial "viene, desde 2015, siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera".
El exsenador arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho, mientras que el líder del PRO cuatro años de cárcel.
"Tengo ganas de ir a juicio, no sé si hay mucha gente acusada que lo único que pide es eso", destacó a su llegada Ominami.
El tribunal de alzada de Santiago exigió determinar la "eventual responsabilidad disciplinaria" de los magistrados en la "tardanza y postergación" del proceso.
Las defensas de Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse coinciden en culpar, en cambio, a la Fiscalía, por la extensión de la causa, que ya dura ocho años.
El auto de apertura, resolución donde el Juzgado de Garantía informa la acusación y pruebas que irán en la audiencia, no había sido revisado con sus correcciones finales.
Pese a las críticas de los abogados defensores, se reprogramó para el próximo lunes 13 de febrero a las 09:00 horas.
La audiencia se da a ocho años del inicio de la causa judicial, por la cual el exsenador arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho, mientras que a ME-O la Fiscalía solicitó cuatro años de cárcel.
Las partes defensoras de los acusados critican fuertemente la extensión de este caso que se inició en 2015.
Por el caso SQM está inhabilitado para votar, pero no para competir en la primaria de Unidad Constituyente, dijo el timonel Camilo Lagos.
Señaló que confía, además, en que "a fines de marzo vamos a tener un Marco sobreseído".
El ex ministro podrá participar en los próximos procesos, ya que el juzgado de garantía no ha informado al Servel sobre una posible inhabilidad.
Longueira acusó una persecución en su contra y dijo que "el tiempo se encargará de desenmascarar a los articuladores de esta oscura operación".
La preparación de la instancia quedó fijada para el próximo 19 de octubre.
El caso involucra, entre otros, a Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago descartó que se haya establecido la inocencia del ex gerente de la minera, quien aún no ha sido enjuiciado.
La resolución también desecha una eventual vulneración de las garantías constitucionales del imputado porque está bajo arresto domiciliario hace más de cinco años.
En fallo dividido, se resolvió que el ex vicepresidente nacional del partido debe cumplir su condena sin ser militante.
Resta una instancia de apelación ante el Tricel para dejar a firme el fallo.
