Caso convenios: Fiscalía allanó el GORE Biobío por tercera vez
La nueva orden de entrada y registro se enmarcó en la arista ProCultura, a la que el Gobierno Regional le había transferido 2.500 millones de pesos.
La nueva orden de entrada y registro se enmarcó en la arista ProCultura, a la que el Gobierno Regional le había transferido 2.500 millones de pesos.
El SII apunta a Juan Ramón Godoy, así como a los empresarios Diego Barba y Javier Cornejo, por un perjuicio fiscal de más de 400 millones.
Según la querella de esa institución, el jefe comunal no declaró ingresos proporcionados por los civiles entre 2021 y 2022.
Yerko Galleguillos (UDI) se niega a reconocer una deuda de 426 millones de pesos hacia una empresa por obras de urbanización.
La medida de apremio -por un lapso de cinco días- fue dictada por el Juzgado de Letras de La Serena y confirmada por el tribunal de alzada.
Entre ellos está el hermano de la extesorera municipal implicada y se les acusa de haber facilitado sus cuentas bancarias para recibir el dinero defraudado.
La Fiscalía actualizó también el monto involucrado: 1.167 millones de pesos, 100 millones más que en la formalización del exjefe comunal José Luis Yáñez en noviembre.
El ministro de Justicia señaló que la acción de Fiscalía fue un gesto para evitar medidas más severas hacia el alcalde de Recoleta.
Además, coincidió con su par de Interior, Carolina Tohá, respecto de que el Ejecutivo no debe intervenir en asuntos del Poder Judicial.
La actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, denunció en 2022 millonarios desembolsos desde las arcas municipales.
"Detrás de todo este daño, existen miles de millones que podrían haberse ocupado en mejores centros de salud y espacios públicos", relevó la autoridad.
El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la cautela de garantía que interpuesta ayer por la defensa del alcalde.
El abogado de la parlamentaria, Gonzalo Medina, dijo que "ella señaló que nunca había intervenido ni en la selección de las fundaciones, tampoco en la asignación de recursos".
La última jornada fue el turno de Verónica Serrano, exjefa de Asentamientos Precarios del Minvu y tía de Miguel Crispi, y del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
La ministra del Interior evitó juzgar la actuación de la Fiscalía y se limitó a decir que "tomó una decisión de acuerdo con lo que le parece conveniente para el proceso".
Aclaró que la situación del alcalde no complica al Gobierno y recalcó que "no hubo ningún actor político que interviniera" en su fallido vuelo a Venezuela.
Un total de seis funcionarios del círculo cercano de Luciano Rivas (independiente-Evópoli) dejarían su puesto.
El hecho se da en medio de las indagatorias de la arista manicure, que lleva a cabo el Ministerio Público.
La audiencia está inicialmente programada para el próximo 29 de mayo.
Su defensa pidió una audiencia de cautela de garantías, la que quedó fijada para este viernes.
Verónica Serrano, exjefa del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu, compareció por más de tres horas este jueves ante la Fiscalía para declarar en calidad de testigo.
En declaraciones a la prensa, explicó que su rol en el escándalo fue sólo "apurar la ejecución de recursos para llevar atención a los campamentos", pero no tuvo incidencia en cómo esto se materializó.
A Mario Morales se le imputaron los delitos de cohecho pasivo, fraude al fisco, asociación ilícita, negociación incompatible y obstrucción a la investigación.
El alcalde asegura que no pudo abordar un vuelo hacia Venezuela, pese a que no está sujeto a alguna medida cautelar en la causa por corrupción que se le imputará.
La Fiscalía Centro Norte sostiene que, al enterarse del viaje, contactó al abogado de Jadue, en el marco de sus facultades para garantizar que se realice la formalización en mayo.
El CDE confirmó que trabaja en una querella contra el jefe comunal: "Es una decisión firme".