Del laboratorio a la sociedad: una oportunidad histórica para Chile
La reciente aprobación de la Ley de Transferencia Tecnológica y de Conocimiento marca un hito para el sistema de ciencia, tecnología e innovación chileno. Aunque su discusión ha estado principalmente circunscrita a los ámbitos académicos y especializados, sus implicancias trascienden ampliamente a las universidades y centros de investigación. Lo que está en juego es la capacidad del país para transformar conocimiento en desarrollo, innovación en bienestar, y ciencia en oportunidades concretas para las personas.
Durante décadas, Chile ha realizado importantes esfuerzos para fortalecer la investigación científica. Se han incrementado los fondos concursables, se han formado miles de investigadores y se han consolidado capacidades en diversas áreas del conocimiento. Sin embargo, persiste una pregunta fundamental: ¿cuánto de ese conocimiento logra efectivamente transformarse en soluciones para los problemas que enfrenta la sociedad?
La nueva ley busca precisamente reducir esa brecha. Uno de los avances más significativos es la creación de condiciones favorables para el desarrollo de Empresas de Base Científico-Tecnológica (EBCT). Durante años, investigadores y académicos chilenos han debido enfrentar restricciones administrativas, normativas y culturales que dificultaban transformar los resultados de sus investigaciones en soluciones concretas para la sociedad. La posibilidad de participar activamente en la creación y gestión de spin-offs universitarias abre una nueva etapa para la innovación nacional, permitiendo que el conocimiento generado en laboratorios, centros de investigación y universidades llegue más rápidamente a los territorios, las empresas y las personas.
Esto no solo favorecerá la generación de empleos altamente calificados y el surgimiento de nuevos sectores productivos intensivos en conocimiento, sino que también contribuirá a fortalecer las capacidades de las universidades estatales para seguir impulsando investigación e innovación al servicio del país. Durante décadas, estas instituciones han desempeñado un papel fundamental en la generación de conocimiento científico y tecnológico. Contar con mejores herramientas para transferir ese conocimiento permitirá amplificar su impacto y proyectar de mejor manera su contribución al desarrollo nacional.
Esta transformación resulta especialmente relevante para las universidades públicas estatales. Su misión histórica no ha sido únicamente formar profesionales o producir investigación, sino también contribuir al progreso económico, social y cultural del país. En ese sentido, la transferencia tecnológica deja de ser una actividad complementaria para convertirse en una función estratégica, capaz de conectar el trabajo académico con las necesidades reales de los territorios, las comunidades y los sectores productivos.
La ley incorpora además una visión moderna y necesaria sobre el rol social de la ciencia. El establecimiento de criterios de licenciamiento responsable y ciencia abierta reconoce que las innovaciones financiadas con recursos públicos deben generar beneficios que trasciendan la rentabilidad económica. La pregunta ya no es solo cuánto valor comercial genera una tecnología, sino también cuánto contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, reducir desigualdades o enfrentar desafíos tan urgentes como el cambio climático, la salud pública, la seguridad alimentaria o la transformación digital.
Particularmente valiosa es la creación de un Repositorio Nacional de acceso abierto, administrado por ANID. En una época en que el conocimiento constituye uno de los principales activos estratégicos de las naciones, democratizar su acceso es una condición indispensable para fortalecer la innovación, promover nuevas colaboraciones y reducir brechas territoriales. El conocimiento financiado con recursos públicos debe estar disponible para la sociedad que lo hace posible.
La normativa también fortalece la transparencia mediante nuevos estándares de declaración de intereses y mecanismos de regulación para quienes participen simultáneamente en actividades académicas y empresariales. Este aspecto es especialmente relevante para resguardar la confianza pública y garantizar que el emprendimiento científico se desarrolle bajo principios de integridad, responsabilidad y probidad.
Sin embargo, ninguna ley transforma la realidad por sí sola. El verdadero desafío comienza ahora. Las universidades deberán fortalecer sus capacidades institucionales de transferencia tecnológica, consolidar oficinas especializadas, promover una cultura de innovación y emprendimiento, y generar incentivos adecuados para que investigadores y académicos puedan participar activamente en estos procesos. Del mismo modo, el Estado deberá asegurar condiciones de financiamiento y acompañamiento que permitan materializar el potencial de esta nueva legislación.
Chile enfrenta hoy la necesidad urgente de diversificar su matriz productiva y avanzar hacia una economía basada en el conocimiento. La experiencia internacional demuestra que los países que han logrado dar ese salto son aquellos capaces de articular eficazmente universidades, empresas y sector público en torno a objetivos comunes de desarrollo.
La Ley de Transferencia Tecnológica y de Conocimiento ofrece una oportunidad histórica para avanzar en esa dirección. No se trata únicamente de transferir tecnologías o patentes. Se trata de transferir capacidades, oportunidades y futuro. En definitiva, de construir un país donde la ciencia no permanezca encerrada en los laboratorios, sino que se convierta en una herramienta efectiva para impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer la competitividad nacional y mejorar la vida de las personas.