El monopolio del Roaming

Chris Bannister

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El 15 de junio de 2017 es la fecha definitiva que se fijó para el fin del roaming en Europa, luego de tres años de negociaciones. No fue hasta que entendieron que los altos costos de comunicación afectaban directamente la productividad y el crecimiento económico de los negocios, que se abrieron paso hacia la eliminación de costos adicionales, con la intervención de los reguladores de Telecomunicaciones, quienes definieron los límites tarifarios.

Lamentablemente, en Chile y Latinoamérica aún no hay señales de que el roaming vaya a desaparecer, principalmente debido a falta de voluntad política y de los países para llegar a un acuerdo beneficiario para todos. Sin embargo, sí hay opciones de avanzar.

Como paso previo, son prioritarios los cambios normativos que resulten en tarifas sustancialmente menores para los usuarios. Esto pasa por una política de Estado para fijar un límite, y desde luego, se necesitan alianzas entre todos los países de la región y el trabajo conjunto de las operadoras para terminar con estos precios absurdos.

A principios de año, vimos cómo una compañía de nuestro país ofreció el servicio de roaming en algunos países a un costo bajísimo, similar al de un plan de telefonía móvil en suelo nacional.  Sin embargo, esto sólo perjudica a los usuarios, al ser sólo una promoción y no una constante, más aún, si viene por parte de una compañía que por su posición privilegiada en la región, puede hacer y deshacer en términos tarifarios en el roaming internacional.

Los grandes costos que se traspasan a los clientes, no tienen razón de ser, ya que las operadoras no caen en un gasto considerablemente más alto para entregar en el extranjero los servicios de voz y datos móviles. La injusticia no termina acá, por mero descarte los clientes de prepago no son considerados para el servicio internacional de comunicación.

Es el momento para modificar  la realidad de Latinoamérica: la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha demostrado en distintas ocasiones su voluntad para cambiar este injusto escenario. Es una institución que tiene mucho que decir y hacer en esta materia, y es urgente que se entregue una solución a un problema que afecta tan fuerte a los usuarios y a la economía de la región en general.

Esperamos que casos como el de Europa nos enseñen a que existe un camino de consenso, donde las voluntades y el interés se unan en vista de proteger  las necesidades de los consumidores en esta materia, caminando juntos hacia modelos más justos e inclusivos en telecomunicaciones.