Futuro digital de Chile, entre la permisología y la divergencia de las telecomunicaciones

Rodrigo Ramírez Pino

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En los albores de la segunda década del siglo XXI, Chile se encuentra en un desafío paradigmático: desenredar el nudo Gordiano de la maraña burocrática de la permisología, que tranca el despliegue de la infraestructura digital y la ausencia de una definición de convergencia tecnológica que estrangula el potencial digital del país.

El Presidente Gabriel Boric ha puesto el dedo en la llaga, señalando la irracionalidad de un sistema de permisos y autorizaciones que desalienta la inversión y retrasa el desarrollo. Esta crítica, lejos de ser una mera declaración, va acompañada de un compromiso de reforma integral para el próximo año, que no solo debe acelerar los procesos sino también servir de catalizador para el crecimiento económico del país. Sin ir más lejos, una oportunidad inmediata para este nuevo diseño está en la misma tramitación de la ley de internet como servicio público donde deben abordarse estos lomos de toro que impiden avanzar hacia la conectividad digital en todo el territorio nacional y cumplir la promesa de la brecha digital cero.

La sobre burocracia puede ser un laberinto sin fin, un complejo entramado de caminos sin señalizaciones y decisiones sin contexto, incluso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no ha vacilado en desafiar su existencia, describiendo un "bosque de regulaciones" que precisa de una poda urgente para florecer. Esta no es una cuestión de desregularización temeraria, sino de ajustar las velas para navegar en los vientos cambiantes de la economía digital global. En palabras del propio jefe de la hacienda pública, es la industria de las telecomunicaciones la que ha mantenido de manera sostenida la inversión directa en el país, producto del portafolio de proyectos por el despliegue 5G, data centers y la expansión de la infraestructura de fibra óptica, sin embargo es uno de los sectores que más se enfrenta a una tramitología infinita que frena su oportuno despliegue.

El Presidente de la República solicitó a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) llevar a cabo un exhaustivo proceso de revisión y análisis de los principales cuellos de botella que están estancando el desarrollo de proyectos de inversión en el sector de las telecomunicaciones. El reporte indica un modelo divergente que no promueve la convergencia tecnológica, la existencia de 439 trámites que afectan el proceso de inversión y un sistema de permisos que tiene plazos muy extensos y que pueden superar varias veces el propio plazo legal, es descoordinado y con espacios de discrecionalidad.

Así, para esta industria el plazo del otorgamiento y modificación de una concesión de servicio público promedia los 420 días corridos. Para una concesión de servicio intermedio, instalación de una torre soporte para un sistema radiante, promedia los 450 días corridos. Dicho plazo supera al plazo máximo de procedimientos administrativos establecido por la Ley 19.880, de 120 días corridos. A nivel comparado, para este tipo de actividades, Chile supera con creces los plazos de los países vecinos, cuenta con la mayor cantidad de trámites entre las naciones de la OCDE, no cuenta con un modelo de gobernanza pública y perpetúa una estructura de servicios divergentes.

Los permisos son necesarios para resguardar una serie de bienes públicos y sociales, pero eso no implica promover un ecosistema de permisos eternos y engorrosos. Tampoco simplificar los trámites implica rebajar el estándar. Por el contrario, una mejor regulación, más clara, simple y expedita, facilita su entendimiento, cumplimiento y fiscalización. Simplificar no implica en ningún caso desembocar en una mera desregulación que tienda a socavar la calidad y profundidad del sistema normativo, sino que debe aspirar a una verdadera modernización del Estado. La desburocratización es una oportunidad para construir un marco que no solo acelere los procesos, sino que también eleve la calidad de la gestión pública y fortalezca la confianza en la institucionalidad regulatoria del sector.

Es la propia CNEP que afirma que en Chile el sistema de telecomunicaciones se aborda desde un diseño divergente, es decir, parte del problema de la excesiva tramitología es a propósito que se debe tramitar por separado cada una de las autorizaciones para cada tipo de servicio, ya sea de libre recepción o de radiodifusión (concesión), públicos (concesión), limitados (permiso), de aficionados a las radiocomunicaciones (licencia) e intermedios (concesión). En cambio, si el diseño fuese desde el principio de la convergencia tecnológica permitiría que diversos tipos o servicios de telecomunicaciones pueden prestarse mediante una misma forma y soporte tecnológico, un atributo deseado, ya que fomenta innovación y competencia, reduciendo la infatigable ruta del trámite.

Chile hasta hace muy poco fue referente en facilitar la convergencia tecnológica. El regulador haciendo uso de sus facultades técnicas autorizaba la inclusión de nuevos servicios y tecnologías en las concesiones existentes. Esto permitió que el servicio de voz evolucionara hacia el servicio de datos e internet, un avance que transformó completamente la comunicación y la información en el país. Los operadores pudieron transitar de 1G a 2G, y luego a 3G y 4G, una progresión que ha sido posible gracias a la inversión continua en infraestructura, redes y tecnología. El peak del despliegue masivo de la red 4G fue en 16 meses, lo mismo que hoy se demora el sistema en la solicitud para instalar una sola torre de telecomunicaciones.

Producto de la excesiva judialización del sector, por mantener la posición dominante de ciertos incumbentes, el paulatino debilitamiento del órgano regulador, y por las vacilaciones y cambios de interpretación de las autoridades regulatorias de turno, el principio de convergencia se fue desfigurando y perdiendo valor. Se fue instalando una incertidumbre regulatoria que no solo desaniman las inversiones sino que también condenan al país a la obsolescencia tecnológica. En un mundo donde la velocidad es sinónimo de avance, Chile se está dando el lujo de arrastrar los pies.

Existe un consenso transversal que no podemos dejar pasar, hay coincidencia sobre la urgencia de reducir la burocracia en los trámites, promover la inversión intensiva y establecer la convergencia tecnológica como un principio. Esta realidad, que toca desde la raíz de la productividad hasta la competitividad del mercado, demanda una solución inmediata y efectiva.

Es así que el proyecto de ley sobre internet como servicio público, que presentamos junto a la Presidenta Bachelet en el año 2018, ofrece una oportunidad de oro para rectificar el escenario descrito. El Ejecutivo y los legisladores tienen la oportunidad de incorporar dos indicaciones estratégicas. Por un lado, para promover el despliegue de la infraestructura digital establecer explícitamente la reducción de los plazos para pronunciarse sobre la solicitud y autorización del servicio y para la total tramitación de la resolución respectiva, haciendo valer cuando la autoridad no la tramite en los plazos acordados, inmediatamente el silencio administrativo positivo.

Mientras que por otro lado, consolidar el principio de convergencia tecnológica, asegurando que las concesiones de telecomunicaciones puedan adaptarse y evolucionar con las nuevas tecnologías y servicios, permitiendo explícitamente la adición de nuevos servicios según avance la evolución tecnológica.

Chile necesita comprender que parte de su desarrollo se juega en la economía digital, para ello debe ser competitivo en el ecosistema tecnológico global, por lo que no puede ser rehén de la inercia burocrática y la incomprensión autócrata de funcionarios de turno. Es hora de un nuevo paradigma que fomente una asociación pública-privada genuina, que sea consciente de los desafíos que impone la sociedad digital y que el Estado no renuncia en ser su principal promotor.