Memoria sísmica y acción local: municipios frente al legado del terremoto de 1985

Julián Cortés Oggero

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Chile ha vivido incontables desastres a lo largo de su historia, pero no todos han dejado las mismas huellas políticas e institucionales. El terremoto del 3 de marzo de 1985 es uno de ellos. Hoy, a 40 años de aquel evento, vale la pena contrastar esa experiencia con los avances -y desafíos- que enfrenta la nueva institucionalidad de gestión del riesgo de desastres, donde el rol de los municipios se ha vuelto cada vez más decisivo.

1985: entre la catástrofe y la represión política

El terremoto de 1985 dejó un saldo de 178 personas fallecidas, más de 2.500 heridas y cerca de un millón de damnificados. Respecto a los daños materiales, estos fueron enormes: más de 85 mil viviendas destruidas, cortes de servicios básicos, hospitales y escuelas colapsadas, y puertos inhabilitados (San Antonio y Valparaíso). Sin embargo, esta catástrofe coincidió con otra: la represión política de un régimen que, sólo meses antes, había declarado el estado de sitio como respuesta a las crecientes protestas y movilizaciones sociales.

Si bien en su discurso del 11 de septiembre de 1985⁽¹⁾ , el entonces jefe del régimen cívico-militar destacaba la capacidad de respuesta del Estado y del "sistema municipal", elogiando la acción comunal "eficiente y oportuna" en la emergencia, lo cierto es que el manejo del desastre se realizó a través de un "Cuartel General de Emergencia", conformado por oficiales del Ejército, delegados ministeriales e intendentes regionales, todos reunidos en Santiago.

Recordemos que a esa fecha los municipios eran entes profundamente intervenidos, dirigidos por alcaldes designados por el régimen y con escasa autonomía financiera y política. Por esta razón, la descentralización administrativa era más retórica que real, y la institucionalidad de protección civil respondía directamente al Ministerio del Interior, a través de una Onemi subordinada. No existía una visión de gobernanza del riesgo, ni un marco normativo que reconociera la reducción del riesgo como una política de Estado. La catástrofe, en el fondo, fue administrada con una lógica de "control del orden público".

Del centralismo autoritario a la gobernanza local del riesgo

Cuatro décadas después, Chile cuenta con una institucionalidad muy distinta. La Ley 21.364 que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) y reemplazó a la Onemi por el nuevo Senapred, consagrando un principio fundamental: la descentralización operativa de la gestión del riesgo de desastres y la responsabilidad directa de los gobiernos locales en la planificación y ejecución de medidas preventivas.

Hoy, los municipios están llamados a liderar los Comités Comunales para la Gestión del Riesgo de Desastres y a elaborar planes comunales de reducción del riesgo y de emergencias. Esto no es un simple mandato burocrático, sino un cambio profundo en la forma de entender los desastres: ya no como eventos imprevisibles, sino como procesos sociales y territoriales en los que las vulnerabilidades mal gestionadas se transforman en tragedias.

Aun así, los desafíos persisten. Muchos municipios carecen de recursos, equipos técnicos o marcos de cooperación territorial que les permitan cumplir con estas nuevas responsabilidades. La fragmentación institucional, la falta de apoyo desde el gobierno nacional y los gobiernos regionales sumados a la escasa participación comunitaria siguen siendo cuellos de botella para una gestión efectiva del riesgo desde lo local.

¿Qué hemos aprendido de 1985?

El terremoto de 1985 nos enseñó, entre muchas otras cosas, que la respuesta centralizada no solo es insuficiente, sino que puede agravar la exclusión y la desigualdad frente al desastre. La gestión del riesgo de desastres no puede reducirse a la logística ni a la emergencia: es parte del desarrollo sostenible, de la democracia y de la justicia territorial.

Hoy, en pleno 2025, el país enfrenta una oportunidad histórica para consolidar una institucionalidad que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI. Ésta exige una mirada integral y sistémica del riesgo de desastres que articule al Estado (en todos sus niveles), con municipios fortalecidos, comunidades organizadas y una coordinación efectiva entre lo local, lo regional y lo nacional. Porque el riesgo, como la resiliencia, también se construye desde los territorios.

^{(1) Biblioteca Nacional de Chile. (s.f.). Mensaje Presidencial:11 septiembre 1984 - 11 septiembre 1985. Memoria Chilena}