Con plata baila el monito
Desde hace ya varios años se ha instalado en el debate público la necesidad ineludible de descentralizar Chile. Múltiples organismos internacionales han sido claros en que la descentralización es un tema clave para aquellos países que aspiran alcanzar el desarrollo. En 2017 la OCDE realizó un informe de gobernabilidad multinivel que diagnosticó que Chile padece de una nefasta enfermedad institucional: hipercentralismo.
Se han hecho múltiples esfuerzos transversales para avanzar en la dirección de descentralizar en el último tiempo. Han habido comisiones presidenciales de expertos, “grandes acuerdos” y también se han aprobado leyes promocionadas, con suma grandilocuencia, como puntos de inflexión para romper con la fuerte tradición centralista del Estado de Chile.
Sin embargo, casi todas las reformas consensuadas y ejecutadas han omitido, por desconocimiento o por desinterés, la dimensión económica de las descentralización. Cuestión sumamente curiosa en condiciones que la mayor parte de los municipios en Chile presentan lapidarios problemas de financiamiento, lo cual se expresa en sus graves déficits estructurales que se acrecientan año tras año, así como su excesiva dependencia del Fondo Común Municipal.
Es tal el problema que según la investigación, Municipalidades en la UTI: cruda radiografía del sistema de financiamiento comunal de Ciper Chile “ la mayor parte de los presupuestos municipales nacen y se aprueban desfinanciados”.
Como bien plantea el informe del Programa Anual de Seguimiento y Análisis de la Experiencia Nacional e Internacional en Políticas y Descentralización de la Subdere, la descentralización política y administrativas sin duda es crucial pero debe ir de la mano con un aumento sustantivo de la capacidad de recaudación ( descentralización fiscal). Solo así significa más poder y autonomía plena para los territorios. En el caso contrario, implica un pesado lastre para los municipios que sólo incrementa su gasto sin tener mayores fuentes de ingreso.
La pregunta que surge a partir de lo expuesto es, cómo caminamos hacia una descentralización fiscal efectiva y decisiva para el devenir de los municipios. Existen 2 cursos de acción decisivos que se deberían tomar en el corto y mediano plazo.
El primero tiene que ver con la capacidad de los municipios para crear empresas propias. Hoy los márgenes normativos que regulan ello son excesivamente rígidos, ya que para lograr constituir una empresa debe sortear el titánico obstáculo de una ley de quórum calificado para cada caso.
El informe de la OCDE, recomienda como un mecanismo predilecto una reforma que vaya en el sentido de empoderar a los municipios para crear empresas y así disponer de una muy potente nueva vía de ingresos propios.
El segundo curso de acción tiene que ver con la descentralización de un impuesto clave: el IVA.
Mucho se ha hablado en los contextos de debate de las últimas 2 reformas tributarias sobre el significativo componente regresivo del Impuesto al Valor agregado y de la posibilidad de reducirlo.
De lo que no se ha hablado es de descentralizar su recaudación, permitiendo anular en una proporción relevante su regresividad tributaria.
De hecho, en gran parte de los países “desarrollados” el porcentaje de IVA descentralizado es mayor al que llega a las arcas del Gobierno Nacional.
Un ejemplo de la descentralización del IVA es Francia, donde el 85% se recauda y utiliza por los gobiernos locales, en específico los municipales. Asimismo, se debe pensar en una estructura municipal de recaudación eficiente, con componentes de evaluación continuos, que permitan aprovechar al máximo la enorme potencialidad de esta medida.
Hoy es tiempo de dejar la miopía centralista y empezar a diseñar e implementar políticas públicas de descentralización fiscal, con prisa y sin pausa. Mañana podría ser muy tarde.
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