A 50 años del golpe: las memorias migrantes olvidadas

Caterine Galaz

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Durante la dictadura civil-militar en Chile, diferentes expresiones de la diferencia fueron perseguidas. Esto incluyó a un sujeto social que, a menudo, queda en segundo plano cuando se habla de la memoria en nuestro país: las personas migrantes que vivían en el territorio durante ese periodo.

El decreto Ley 1.094 de Extranjería, de 1975, fue la norma migratoria que estableció la dictadura y que se basó en un fundamento de seguridad y control, en la que las y los extranjeras/os se veían como un enemigo externo, por tanto, como un ente ajeno a la ciudadanía.

Ya incluso antes de este decreto hubo luces de cómo consideraría el régimen a las personas no nacionales: en 1973 la junta militar prohibió trabajar en el Estado a cualquier persona extranjera, sabiendo que en la Unidad Popular habían ingresado muchas, de diversas nacionalidades, para colaborar en el proyecto socialista.

Lo que rige férreamente en la dictadura es la Doctrina de la Seguridad Nacional, por tanto, la "extranjeridad" se estableció como un riesgo, una amenaza, asociada a un enemigo "ideológico" externo. Estas directrices que pueden parecer algo puramente legal, en referencia solo al estatus de entrada y estadía de las personas extranjeras, también tuvo su correlato social, en las violencias que ejerció el Estado hacia personas migrantes.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en 2003, y la Comisión para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas, en 2011, calificó como víctimas extranjeras de la represión y persecución en Chile a más de 60 personas provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, España, entre otras naciones.

¿Por qué a 50 años del trágico golpe de estado civil-militar es importante tener en cuenta estos hechos en la memoria? Considero que lo que sucedió en ese periodo de dictadura civil-militar respecto de las personas migrantes, a nivel social, se podría explicar por dos fenómenos: por un lado, la "cosificación" de las personas migrantes residentes que generó las condiciones para ejercer violencia sobre ellas y, por otro lado, cuando la violencia inicial descontrolada se especificó en ciertos colectivos políticos, también se consideró a las personas extranjeras. Es decir, que un segundo fenómeno fue la "selección" específica de personas extranjeras politizadas, elegidas para su exterminio o el ejercicio de violencia.

Sobre lo primero, la cosificación de las personas migrantes, un ejemplo de ello puede verse en el caso de 1976, en la casa de Lo Curro de la DINA, donde se comenzó a experimentar con armas químicas y Michael Townley utilizó a dos hombres peruanos para comprobar la eficacia del gas sarín. Según los testimonios fueron detenidos sin causa aparente. A estas dos personas peruanas se les hizo inhalar el gas y murieron instantáneamente. Vemos cuerpos migrantes usados como experimentos, como animales de laboratorio, despojados de su humanidad...en definitiva, cosificados. Hasta el día de hoy ni siquiera sabemos la identidad de esas dos personas.

A lo anterior se suman varios relatos que señalan que en el norte fronterizo de Chile se dieron diversas violaciones a los derechos humanos hacia personas extranjeras durante toda la dictadura que no tenían una motivación política, pero que se justificaron por la defensa de la soberanía nacional.

El segundo proceso fue la selectividad respecto de las personas extranjeras politizadas. De la violencia masiva del año '73 se pasó a una violencia selectiva y específica a nivel nacional. Las fuerzas de seguridad desarrollaron diversas conductas de vulneración y vejación a los derechos humanos, en diversos contextos, que tuvieron una expresión concreta y específica en ciertos cuerpos de determinados grupos políticos. En este proceso, a menudo las personas migrantes que participaban activamente en la política y que fueron víctimas, quedan olvidadas cuando se habla de memoria.

Muchas de las personas extranjeras detenidas fueron en su mayoría militantes de partidos políticos que llegaron a Chile con el claro objetivo de colaborar con el proceso de la Unidad Popular. Según la investigación de Karina Fernández, la uruguaya Nelsa Gadea -quien era parte del trabajo de la Corporación de Vivienda- fue detenida y llevada a Londres 38 y luego, posiblemente, a Tejas Verdes; desde donde no se supo más de su paradero. Asimismo, Jane Vanini, brasileña que llegó en 1971 a Chile y comenzó a militar en el MIR, fue detenida, en 1974, y pese a que enfrentó a sus captores, los testimonios señalan que fue detenida, torturada y desaparecida.

Otras personas, incluso, tenían calidad de refugiadas/os. Por ejemplo, en 1976, un grupo de 50 bolivianos, que incluía líderes mineros, estudiantes universitarios y profesores, fueron expulsados de Bolivia hacia Chile. A pesar de haber solicitado asilo, fueron detenidos y trasladados al sur, sin recibir ningún tipo de apoyo. Esta información se basa en una investigación realizada por el periodista Felipe Bäuerle. Se trató de una violencia selectiva respecto del cruce entre extranjeridad y militancia política.

Mónica Cristina Benaroyo, uruguaya militante comunista, quien fue decapitada en el norte de Chile; Joan Alsina, cura catalán que fue detenido y fusilado; Antonio Llidó, cura español de cristianos por el socialismo, detenido desaparecido; Jorge "Chichi" Ríos y Jorge Ignacio Soto estudiantes, universitarios bolivianos. Y así muchas otras personas.

Pero muy poco se conmemoran estos casos. Poco se recuerda de ellas y ellos. En ese sentido, es importante tener en cuenta que las memorias oficiales y dominantes pueden fomentar la construcción de discursos homogenizantes y nacionalistas, los que pueden promover una idea estancada sobre qué tipo de sujeto es legítimo para hacer memoria. Y en eso debemos preguntarnos si ¿debería ser sólo de un sujeto nacional?