Intendente Guevara, responsabilidad política y orden público

Maya Fernández Allende

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“¿Quién soy yo para disponer de los recursos materiales y humanos de la policía?”, se preguntó el intendente Felipe Guevara ante la comisión de la Cámara que revisó la acusación constitucional en su contra. Inverosímil reflexión de la autoridad encargada de velar por el “orden público y resguardo de las personas”, como lo mandata su cargo y las leyes de la República. 

Desde que asumiera sus funciones, el intendente Guevara ha sido incapaz de cumplir el mandato que le confiere la ley. Durante su gestión han ocurrido gran parte de las violaciones a los derechos humanos acaecidas en Santiago por parte de la fuerza policial, también es incapaz de siquiera asumir sus competencias institucionales y responsabilidades políticas.  

Felipe Guevara enfrentó las movilizaciones sociales de la capital de forma ineficiente y profundamente errática, vulnerando los derechos fundamentales de la ciudadanía. Decidió la estrategia represiva denominada “copamiento preventivo” e hizo gala pública y notoria de aquello.

¿En qué consistió el “copamiento preventivo”?  Desplegar a mil efectivos de Carabineros en el principal lugar de encuentro de las y los chilenos movilizados de Santiago con la finalidad de impedir el desarrollo de las manifestaciones mediante la represión preventiva.

Con la escusa de a contener violentistas, antes que se registren hechos de violencia, su propósito fue impedir que se pudieran desarrollar las manifestaciones ciudadanas. El resultado fue más violencia.  

Esta estrategia, además de ser una aplicación desproporcionada del uso de la fuerza, tiene por objetivo restringir los derechos a reunión y manifestación, constituyendo un atentado a la expresión democrática de la ciudadanía. Por ese motivo existe una clara responsabilidad política.    

Las consecuencias de esa política policial son graves: atropellados por carros policiales, lesionados, incendios. Todo lo que una autoridad responsable debe evitar que ocurra en las manifestaciones. En cambio, él, con su estrategia, generó las condiciones para que eso aconteciera.

Pero es muy difícil que el Intendente entienda eso, porque para él controlar la violencia pasa por disolver las manifestaciones. Allí radica una racionalidad anti democrática que se debe enfrentar en un juicio político.  

Orientar la labor de la policía en reprimir la manifestación en vez de controlar el vandalismo, es más que un error, es una estrategia política para enfrentar las protestas sociales. Así, lo que ha hecho el intendente Guevara no es más que seguir el discurso de la guerra y división del presidente Piñera. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó a propósito de la estrategia de copamiento, su “preocupación por la continuidad de los hechos de violencia y uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile en el contexto de las protestas sociales.” Señalando expresamente que la “ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos en que habitualmente se desarrollan manifestaciones de protesta, puede impedir o limitar seriamente el derecho a la protesta social pacífica en Chile”. 

Es notorio que el intendente Guevara sólo una vez fracasado el copamiento preventivo y a la luz de los graves incidentes, argumentara que en realidad él no tiene incidencia en la forma en que Carabineros ejerce la fuerza contra manifestantes, afirmando muy extrañado a fines de diciembre que era "curioso que se intente involucrar al Intendente con el actuar de Carabineros.” Una afirmación que retrata la falta de responsabilidad absoluta con sus deberes institucionales.

En una democracia las fuerzas policiales no se mandan solas, le deben obediencia a la autoridad civil. Pero estamos en una situación anómala, donde esa autoridad declara no ejercer ese poder y se escuda en la autonomía de ellas para no asumir las responsabilidades básicas de cualquier autoridad democrática. Estamos en presencia clara de un caso de abandono de deberes. 

La Acusación Constitucional en contra del intendente Guevara es la expresión del rechazo a la estrategia que tiene el gobierno del presidente Piñera de no asumir sus responsabilidades como autoridad, de un gobierno que enfrenta las violaciones de derechos humanos con ligereza, que pretende enfrentar los desmanes reprimiendo las manifestaciones pacíficas con una estrategia policial que provoca violencia y criminaliza a quienes expresan su descontento en las calles por una mayor justicia social.

Para enfrentar el conflicto que estamos viviendo en nuestro país y restablecer la paz, se debe partir por exigir a las autoridades que asuman la responsabilidad por sus actos.