El reciente informe del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh, 2026) revela una verdad inquietante: las denuncias de discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+ en Chile han aumentado 27,1% en 2025, alcanzando un total de 3.620 formas de agresión o agracio, la cifra más alta desde que se tienen registros. Este dato refleja una alarmante naturalización del fenómeno. De hecho, sigue siendo muy común la burla constante a amigos cercanos del mismo sexo, no sé si esto era igual con el presidente Manuel Montt y el ministro Antonio Varas, una de las duplas políticas y de amistad más influyentes de la historia de Chile en el siglo XIX.
Particularmente grave es el aumento del 250% en las denuncias por "detenciones o agresiones policiales arbitrarias", que subraya la grave falta de protección en espacios que deberían ser seguros. A esto se suma un incremento en las campañas y movilizaciones homo/transfóbicas, además de hostilidades en entornos públicos y privados que perpetúan un clima de miedo y exclusión, relacionados con la ideología de género, reflejando una resistencia a aceptar las diversas identidades y orientaciones, basadas en estereotipos erróneos y conservadurismos que alientan un clima de miedo e intolerancia.
En medio de esta creciente hostilidad, las niñeces trans enfrentan una situación crítica. A pesar de los avances legales y programas como "Crece con Orgullo", estas niñas y niños siguen sufriendo discriminación en ámbitos esenciales como la educación y la salud. La Superintendencia de Educación ha intentado implementar la Ley de Identidad de Género, pero la falta de recursos y voluntad para cumplir con estos lineamientos ha perpetuado la desigualdad.
Actualmente, el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) atiende a 1.741 niños y adolescentes, y 1.999 jóvenes que han solicitado cambios en su nombre y sexo registral. Sin embargo, la ausencia de datos oficiales sobre la población escolar que se identifica como trans dificulta la comprensión de la magnitud del problema y la formulación de políticas efectivas.
Los resultados de la Encuesta Web Diversidades, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2025), son reveladores: 60,2% enfrentando rechazo o violencia familiar y 50,7% reportando experiencias discriminatorias en entornos educativos. Esta situación es insostenible y refleja una profunda desigualdad estructural que requiere atención inmediata.
El Estado, la ciudadanía y las instituciones deben reconocer la importancia de garantizar que todas las personas, independientemente de su identidad de género y orientación sexual, accedan a recursos y apoyos necesarios para su pleno desarrollo. No podemos convertirnos en cómplices de la injusticia, el agracio y el dolor humano. La urgencia de actuar nunca ha sido tan clara: Es hora de crear una sociedad más equitativa y respetuosa donde las diversidades sean realmente valoradas y protegidas.