Capacitación en riesgo: una decisión que se debería repensar
La discusión sobre el proyecto de ley de Reconstrucción ha abierto un flanco que va más allá de la urgencia que busca atender. Entre sus propuestas, aparece la eliminación de la franquicia tributaria del Sence, cuyo costo anual bordea los US$300 millones, una decisión que instala una señal preocupante respecto del valor que como país le asignamos a la formación laboral.
Se trata de un instrumento ampliamente utilizado, perfectible sin duda, pero que ha demostrado ser una herramienta concreta para el desarrollo de competencias, el aumento de la productividad y la generación de oportunidades. Como toda política pública, requiere ajustes: mejorar los mecanismos de fiscalización, asegurar una mayor pertinencia de los contenidos y fortalecer la medición de impacto. Sin embargo, eliminarlo parece una respuesta desproporcionada frente a desafíos que más bien exigen modernización.
Desde la experiencia de la Fundación Coanil, donde contamos con la OTEC Coanil, esta eventual decisión genera una profunda preocupación. La capacitación no es solo una línea de trabajo, sino una vía concreta para avanzar en inclusión laboral de personas con discapacidad. En ese contexto, la franquicia Sence ha sido una herramienta que permite a empresas formar a sus equipos, sensibilizarse y avanzar hacia culturas organizacionales más diversas.
Durante más de dos décadas hemos desarrollado formación con sentido social, llegando a diversos sectores productivos, relevando, a través de la capacitación, nuestra misión social. Es así como, solo en los últimos cuatro años, hemos capacitado a más de 5.000 personas en temáticas de discapacidad, inclusión laboral de personas con discapacidad y herramientas para una mejor interacción laboral. Estamos convencidos que este trabajo es un aporte necesario para desarrollar entornos de trabajo más inclusivos.
Reducir los incentivos para capacitar podría traducirse en menos empresas invirtiendo en capacitación, menor preparación de los equipos frente a desafíos actuales y menos empresas que logren una real inclusión.
Además, existe un punto clave que no debe pasarse por alto: los recursos destinados a la franquicia no siempre se utilizan en su totalidad. Esto abre una oportunidad evidente para mejorar su diseño, ampliar el acceso y asegurar un uso más eficiente, en lugar de eliminarla por completo.
El desafío, entonces, no es desmantelarla, sino modernizarla, asegurar que la totalidad de sus recursos se utilicen de modo eficiente en capacitación, adaptarla a nuevas realidades laborales, incorporar habilidades del siglo XXI y asegurar que llegue donde más se necesita. Es una conversación que requiere evidencia, diálogo y visión de largo plazo.
Frente a este escenario, también se vuelve necesario que las organizaciones sociales que operamos OTEC articulemos una voz común. No solo para defender un instrumento, sino para visibilizar el positivo impacto social y económico que genera la capacitación cuando se ejecuta con propósito.
La discusión legislativa recién comienza y existe espacio para enriquecer el debate. Los legisladores deben escuchar nuestra posición, un discurso conjunto que releve el valor social y económico de la capacitación. La invitación es a no perder de vista que detrás de cada política pública hay personas, oportunidades y desarrollo. En este caso, la capacitación no es un gasto: es una inversión en el futuro del país.