Derechos, pero también deberes

En marzo se conmemora el Día Mundial del Consumidor y ya es usual que el debate en los diferentes medios de comunicación se centre en la defensa de sus derechos frente a los proveedores de bienes de consumo y, sobre todo, ante las empresas del sector servicios.

Es sabido que las compañías que satisfacen las necesidades de la sociedad  tienen el deber de cumplir con una serie de garantías que aseguren la calidad de su oferta, condición que se complejiza aún más en el caso de los servicios y, en especial, de las telecomunicaciones. En esta última industria, la estabilidad de las señales, la atención al cliente, el funcionamiento adecuado de los equipos, puntos de contacto con el cliente disponibles para consultas y reclamos, no son sólo aspectos necesarios sino además, exigibles.

No obstante, el hecho de ser ciudadano supone también el cumplimiento de deberes. En el caso del mercado de la TV de pago, cuando una persona accede a los contenidos mediante un sistema de conexión ilegal (ya sea a través un decodificador intervenido, la apertura de la señal de un satélite por medio de internet o contratando cableras piratas), pierde automáticamente sus derechos como consumidor de un servicio de telecomunicaciones.

Para resguardarlos, se hace necesario tomar conciencia de la relevancia que tiene la contratación de TV paga por vías formales, lo que contribuye a mantener un círculo virtuoso entre las empresas y los usuarios, en la medida en que permite que los operadores legalmente establecidos continúen desarrollando más y mejores ofertas de programación, tecnología y atención al cliente.

Otra variable importante a considerar son los recursos que dejan de percibir creadores, actores, músicos, guionistas y productores de contenidos por concepto de derechos de autor. Se estima que el 25% de las recaudaciones por el uso de las obras audiovisuales provienen de la TV de pago.

Al contar con un servicio ilegal, los consumidores privan a los artistas de recibir aquello que les corresponde legítimamente por sus creaciones y se restringen a sí mismos la posibilidad de acceder a una oferta de entretenimiento cada vez más amplia y diversa.

Los servicios no autorizados de televisión han llegado a representar un 8% del total de la industria y se han situado en el quinto lugar entre los actores más relevantes del mercado. Esto significa, en la práctica, que unas 200.000 mil personas en todo Chile han perdido sus derechos voluntariamente.

Se trata de derechos, pero también de deberes. Así, es necesario que los consumidores exijan a las empresas que cumplan rigurosamente con los primeros y levanten la voz si eso no sucede.Siempre que no renuncien a ellos.