Directores de empresas públicas: entre el mérito y la política
Entre los más de 1.500 cargos que debe nominar un nuevo gobierno, los directores de empresas públicas ocupan un lugar particularmente sensible y, paradójicamente, subestimado. No se trata de posiciones honoríficas ni de espacios para la retribución política: los directores actúan en representación del dueño -el Estado- y son responsables de definir la estrategia, supervisar la operación, resguardar la sostenibilidad financiera y asegurar el cumplimiento normativo. Son, en rigor, cargos de alta complejidad técnica y elevada responsabilidad ética. Cuando estas exigencias no se cumplen, el costo no es político, sino económico y social.
En Chile, el ejercicio del rol de "dueño" se ejerce de manera fragmentada. En empresas como Codelco, Enap, Enami, el Fondo de Infraestructura y TVN, los nombramientos se realizan desde la Presidencia de la República, utilizando el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para seleccionar a 37 directores. En contraste, en otras 20 empresas públicas el proceso recae en el Sistema de Empresas Públicas (SEP), dependiente de Corfo, que designa directamente -sin participación de la ADP- a 87 directores. En este grupo se encuentran empresas estratégicas como Metro, EFE, los 10 puertos estatales, Correos de Chile, Polla Chilena, Casa de Moneda, Zofri, entre otras.
Nominar 87 directores en un plazo acotado, a partir del 11 de marzo, no es una tarea administrativa más. Exige información, criterio técnico y una comprensión profunda de los desafíos sectoriales de cada empresa. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que estos estándares no siempre han sido la regla, sino más bien la excepción.
El caso del Puerto de Valparaíso es ilustrativo. Con ingresos del orden de $33.200 millones, utilidades cercanas a $9.800 millones y una dotación de apenas 66 personas (2024), requiere un directorio capaz de abordar desafíos complejos: aumento de capacidad, mejoras logísticas, integración ciudad-puerto y la ejecución de su proyecto de ampliación. Resulta, por tanto, preocupante que la presidenta del directorio haya sostenido públicamente que el puerto estaría "saturado" en 2025 con 9,4 millones de toneladas, cuando en 2017 ya operaba 11,8 millones. No se trata de una diferencia opinable, sino de un error que revela desconocimiento del negocio que se dirige.
En el Puerto de San Antonio la situación es aún más delicada. Con ingresos de $68.300 millones y utilidades por $15.400 millones, lidera el proyecto "Puerto Exterior", la mayor expansión portuaria en la historia del país, con una inversión cercana a USD 4.000 millones y un retraso acumulado de más de una década. A ello se suman desafíos críticos en seguridad operacional y en la relación con la ciudad. Que en su directorio solo uno de sus miembros tenga formación directa en transporte marítimo y puertos no es una anécdota: es una debilidad estructural de gobernanza.
Situaciones similares se observan en Metro y en EFE. Metro, con ingresos anuales por $591.600 millones, pérdidas por $358.500 millones y más de 4.600 trabajadores, requiere un directorio con experiencia comprobada en operación de sistemas metro, en disminuir las fallas operacionales, mejorar la seguridad, tecnología y el control de grandes proyectos. EFE, con pérdidas aún mayores en relación con sus ingresos y un historial reciente marcado por choque de trenes y accidentes fatales, necesita directores con conocimientos sólidos en seguridad ferroviaria, logística y disciplina financiera. Esa experiencia específica, sin embargo, no siempre está presente en la mesa donde se toman las decisiones.
La revisión de los antecedentes públicos de varios directores de empresas públicas sugiere que, en no pocos casos, las designaciones responden más a la confianza política que al mérito técnico. Existen directores altamente calificados, sin duda, pero también otros, la mayoría, cuya presencia resulta difícil de justificar desde una lógica empresarial mínima.
Más preocupante aún es que quienes toman estas decisiones -los nueve consejeros del SEP- tampoco son seleccionados mediante ADP ni están sujetos a exigencias explícitas de experiencia empresarial o sectorial. Se configura así una cadena de decisiones donde la discrecionalidad se reproduce y el estándar técnico se diluye.
El gobierno saliente deja, en este ámbito, más debilidades y preguntas que certezas. El entrante ha prometido mayor eficiencia y profesionalismo. Cumplir esa promesa exige medidas concretas: exigir experiencia demostrable en gestión empresarial a los consejeros del SEP; traspasar el proceso de selección de directores a la ADP, con apoyo de firmas especializadas; y establecer como requisito excluyente para cada director la formación y experiencia en el sector específico de cada empresa.
Menos confianza, menos política y más mérito no es un eslogan: es una condición básica para que las empresas públicas cumplan su rol. El Estado, y los ciudadanos, no podemos seguir pagando el costo de directorios mal preparados.
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