El Fin

Manuel Riesco

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Esto es el fin, mis amigos, es el fin. Se confirmen o no, los recursos de la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta y la enfermera Beatriz Valenzuela de Punta Arenas, No+AFP y La Casa Común, acogidos por las Cortes de Apelaciones respectivas, ponen fin a la ilusión de propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros previsionales. Disfrazada de “capitalización individual” ha justificado su expropiación por parte del gran empresariado.

Para restablecer el sagrado derecho de propiedad de los trabajadores sobre la totalidad de sus salarios lo principal es recuperar las cotizaciones corrientes. Esta parte del salario está destinada exclusivamente a sostener dignamente a los trabajadores jubilados.

El Estado la impone obligatoriamente sólo a trabajadores activos para garantizar que cumplan este deber ineludible con sus mayores. Jamás pueden ser desviadas hacia otros fines, menos a beneficio de los empresarios. En su nivel actual permiten reconstruir el sistema público de seguro social que las destinará exclusivamente a elevar hoy todas las pensiones a un nivel digno, y reajustarlas a futuro al ritmo de los salarios.

El fondo acumulado, tanto el registrado a nombre de trabajadores jubilados como también el de afiliados activos, debe devolverse, íntegramente y lo antes posible, a sus legítimos dueños. Así se reparará parcialmente el abuso cometido.

El fondo de ahorro forzoso, mal llamado de pensiones, tiene bien poco que ver con éstas. Sólo sirve de registro para calcular su mísero monto, que se deteriora constantemente en relación a los salarios. El dinero para financiar el aún más reducido aporte mensual que las AFP hacen a las pensiones que pagan, lo financian con parte menor de las cotizaciones corrientes, es decir, las que recaudan cada mes.

El resto lo pone el fisco con subsidios en dinero contante y sonante. Si se agrega el gasto público en pensiones no contributivas y otras prestaciones previsionales, el Estado termina financiando hoy cuatro quintas partes del gasto nacional en pensiones.

Por este motivo, si se recuperan las cotizaciones corrientes para pagar con ellas las pensiones contributivas, en pocos años se puede devolver a sus legítimos propietarios todo el fondo acumulado.

Debe devolverse tanto el fondo registrado en cuentas individuales de trabajadoras y trabajadores jubilados, pero especialmente aquel registrado en las cuentas de los trabajadores activos. Estas últimas superan en casi diez veces el número de las primeras y su crecimiento anual triplica el de aquellas.

Esto lo saben perfectamente los empresarios que han venido mostrando su disposición a devolver el fondo, pero sólo a los jubilados, como en el Perú, a condición de mantener el ahorro forzoso de los activos, que es de lejos el más importante. Con el agravante que a poco andar los viejos se quedarían sin un cobre.

Si se termina el ahorro forzoso, en cambio, en unos pocos años se puede devolver el fondo completo a sus legítimos propietarios, pasivos y activos. Sin menoscabo de la capacidad del reconstruido sistema público de seguro social de otorgar hoy y mañana pensiones dignas a los jubilados.

Estas se financiarán exclusivamente con las recuperadas cotizaciones corrientes. Poniendo fin además a la irracionalidad actual de endeudar al fisco para “ahorrar“, reduciendo el déficit fiscal y mejorando la calificación de riesgo del país.

Devolver a sus legítimos propietarios este fondo rapiñado a sus salarios, íntegramente y lo más pronto posible, reparará en parte el abuso gigantesco del gran empresariado que se lo ha apropiado por décadas y pretende mantenerlo en su poder, cada vez más grande, hasta el día del juicio final.

Ciertamente, ello no puede hacerse antes de recuperar las cotizaciones corrientes, para reconstruir con ellas el sistema público de seguro social que fue destruido por la dictadura. Esto es lo principal, puesto que se trata de restablecer el derecho a una vejez digna para todas las trabajadoras y trabajadores jubilados.

No es el momento de precisar la forma en que se puede efectuar la devolución del fondo. Ya habrá tiempo para ello, buenas ideas sobran al respecto y CENDA puede aportar algunas al debate.

La manera de devolver los fondos a sus propietarios se resolverá democráticamente, de modo responsable y justo para todos los afiliados, considerando el afianzamiento del nuevo sistema de seguro social.

Lo importante en este momento es sentar el principio que una vez recuperadas las cotizaciones corrientes y reconstruido con ellas el sistema público de seguro social, el fondo acumulado debe devolverse, íntegramente y lo antes posible, a sus legítimos dueños, tanto jubilados como activos.

Desde el punto de vista previsional no tiene sentido mantener en mercados financieros, es decir, en manos del gran empresariado nacional y extranjero, este enorme fondo que equivale hoy a más de veinte años de cotizaciones.

Ello sólo beneficia a los grandes empresarios que se han apoderado del dinero y a sus gestores financieros. Las reservas técnicas de los sistemas públicos de seguro social nunca exceden dos o tres años de cotizaciones, a lo sumo.

Son necesarias para garantizar su solvencia en los periodos de recesión económica en que el flujo de cotizaciones corrientes no crece. Las reservas técnicas no se entregan a los mercados financieros, usualmente se mantienen en bonos del propio gobierno o inversiones que benefician directamente a trabajadores.

Por ejemplo, ofrecer créditos a los afiliados, que les permitan aliviar sus agobiantes deudas con intereses usuarios. Es dinero de los trabajadores y jamás se puede entregar a los empresarios. Se trata sólo una reserva, no la supuesta base del pago de pensiones. Éstas que se financian siempre y en todas partes con cotizaciones e impuestos corrientes. También en Chile hoy.

El fin del sistema de AFP y la recuperación de las cotizaciones corrientes para pagar pensiones dignas ahora, restablece el imperio sagrado del derecho de propiedad de los trabajadores sobre la totalidad de sus remuneraciones, hoy conculcado por los recortes destinados al ahorro forzoso. La base del pacto social es que los salarios deben ser respetados escrupulosamente,  jamás pueden desviarse al disfrute de los empresarios.

Sólo pueden utilizarse para el sostén directo y digno de trabajadores y sus familias, incluida la parte requerida por sus viejos. Esta última es la que ha venido siendo desviada al ahorro forzoso, sinónimo de su expropiación a perpetuidad por el gran empresariado, al tiempo que se condena a la miseria a trabajadores jubilados.

Terminar con las AFP y el ahorro forzoso permite al Estado recuperar las cotizaciones previsionales corrientes, para pagar con ellas pensiones dignas a partir de ahora. Éstas son un impuesto a los trabajadores activos cuyo objetivo esencial es garantizar que cumplan su obligación ineludible de sostener a sus mayores, trabajadoras y trabajadores jubilados. Mediante un sistema de seguro social público que lo destine exclusivamente a pagar pensiones, como el que operó en Chile desde 1924 hasta 1981 y existe desde hace un siglo en todos los países, siendo especialmente generosos en los más desarrollados donde hay una mayor proporción de adultos mayores.

Reparado este abuso, los empresarios podrán mirar de frente a sus trabajadores, en la tranquilidad que estarán cumpliendo su obligación de no tocar sus remuneraciones, especialmente aquella parte de las mismas que corresponde usar exclusivamente para mantener a los trabajadores jubilados. Al mismo tiempo, estarán cumpliendo su deber de financiar íntegramente el ahorro nacional con cargo a las ganancias y rentas que se apropian.

Sería bonito si terminado este abuso, el gran empresariado chileno asumiera del mismo modo su obligación de financiar, íntegramente y con cargo a los excedentes del producto social que se apropian, todos los gastos del sistema educacional. Estaría bueno asimismo que pusieran fin a su abusiva costumbre de recortar salarios con intereses usurarios y hacer negocios con la salud de los trabajadores.

En cualquier caso, de todo esto resultará un país mucho mejor.