En los últimos meses de este año, el ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas (DGA) publicaron el Atlas del Agua, Chile 2016. La relevancia es innegable, pues ofrece una fotografía o mapa actualizado de la situación de las aguas en el país, lo cual, al menos en el formato que ahora se presenta, no existía entre nosotros. Por ello, no puede más que celebrarse la materialización de esta iniciativa, que provee de importante información para el estudio, regulación, planificación y gestión del recurso hídrico.
Junto con acentuar el avance que implica este documento, es conveniente llamar la atención sobre una circunstancia que el mismo se encarga de explicitar: su contenido refleja la realidad de los derechos de aprovechamiento catastrados o registrados en la DGA, no contemplando, en contrapartida, aquellos no incorporados en este registro administrativo.
¿Se trata, entonces, de una muestra significativa del universo de dichos derechos? ¿Qué sucede con las titularidades que no están catastradas? No son cuestionamientos menores, ya que, aunque no se tiene total certeza al respecto, hay un par de aspectos relativos al aprovechamiento de las aguas que son indicativos de nuestro conocimiento parcial sobre el tema.
A la época de entrada en vigencia del Código de Aguas de 1981, más de la mitad de las aguas estaban siendo utilizadas consuetudinariamente, en base a prácticas de hecho, informales, sin escrituras e inscripciones asociadas. Algunos de estos derechos se han regularizado e inscrito con posterioridad, en los últimos años inclusive, pero no se conoce con exactitud qué proporción sigue manteniéndose al margen de la formalización.
El porcentaje de derechos de aprovechamiento efectivamente incorporados al Catastro Público de Aguas (CPA) de la DGA es bajo, por lo que este registro administrativo estaría incompleto en este sentido.
Y estas cuestiones son reconocidas en el Atlas del Agua, señalando que “uno de los grandes desafíos para la gestión de los recursos hídricos en Chile y que motiva las modificaciones al Código de Aguas que actualmente impulsa el Gobierno, es acortar la brecha de información del CPA, especialmente en lo referido a derechos de aprovechamiento de aguas no constituidos por la DGA, como son aquellos reconocidos por los tribunales de justicia y los fijados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Por lo anterior, es importante señalar que la información presentada y analizada en este Atlas se refiere a la obtenida desde el CPA.” (p. 106)
Así, y aunque hay avances en este ámbito (el citado Atlas es una buena muestra de ello), es evidente que todavía hay una gran tarea pendiente en lo referente al conocimiento de la realidad de las aguas en Chile.
El mismo Atlas alude al proceso de reforma al Código de Aguas en actual tramitación, para precisar que uno de sus objetos es mejorar el sistema de información sobre el recurso hídrico. Una meta fundamental, evidentemente, pero un comentario adicional surge de inmediato a partir de esta vinculación: sin una visión completa y cabal de la realidad, todo intento regulatorio o de planificación hidrológica se formula un tanto a ciegas y emprender este tipo de tareas sin la información apropiada (o con algún grado de ignorancia), es una acción temeraria, que seguramente introducirá desajustes y distorsiones.
Por lo tanto, corresponde celebrar los últimos logros concernientes al conocimiento del recurso hídrico, pero con cautela y responsabilidad ante los desafíos que esos mismos logros han puesto nítidamente de manifiesto.
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