Huachipato no se cierra. Punto. El Estado debe hacer lo que sea necesario para impedirlo. El comportamiento antinacional de las grandes empresas privadas involucradas ha impedido que una extraordinaria medida ya adoptada por el Gobierno logre evitar el cierre de la única productora de acero del país. Nadie puede permanecer indiferente ante el comportamiento de un puñado de grandes empresas, encabezadas por grandes mineras que anteponen a todo sus mezquinos intereses de naturaleza rentista, sin considerar el daño enorme que están causando al país. El Estado debe tomar ahora la principal medida correctiva necesaria, para imponer a estos poderosos actores un comportamiento acorde con el interés nacional y el desarrollo de una economía auténticamente moderna.
Los propietarios de Huachipato habían anunciado su cierre hace unos meses, atribuyendo sus importantes pérdidas a la competencia supuestamente desleal de las importaciones de barras y bolas de acero desde China. El Gobierno respondió de modo enérgico y oportuno, nada menos que gestionando establecer un arancel extraordinario de un cuarto y un tercio a las importaciones de esos productos, respectivamente. A plena conciencia de arriesgar una controversia con el principal socio comercial de Chile.
Sin embargo, las grandes mineras -principalmente extranjeras- que se apropian sin pago significativo de tres cuartos del cobre que se extrae en Chile y lo exportan en forma de concentrado, aportando apenas el uno por ciento del empleo nacional, y que eran afectadas por el alza de aranceles, impusieron a todos los actores involucrados un comportamiento acorde a sus intereses rentistas. Es así como la empresa que les provee de barras y bolas se sobreabasteció antes de los aranceles y bloqueó las conversaciones con Huachipato, la que acto seguido dócilmente retiró su demanda de alza de los mismos.
El Estado de Chile debe imponer a todos estos actores, pero especialmente a las grandes mineras que les hegemonizan, un comportamiento alineado con la demanda general de reorientar el modelo productivo del país, desde uno rentista que lo desindustrializa al extremo, hacia otro basado en la agregación de valor.
Para ello, proponemos que el Ejecutivo tome "el toro por las astas" y presente de inmediato al Parlamento una "Ley Indonesia", inspirada en la exitosa experiencia reciente de ese país, que en 2014 prohibió por ley la exportación de concentrados de cobre, de los cual era uno de los grandes exportadores mundiales. La prohibición, efectiva a partir del 2020, forzó la construcción en ese país de una de las mayores industrias refinadoras limpias del mundo.
Ese es el camino de la reindustrialización de Chile, puesto que es la única rama en la cual el país puede generar una gran industria competitiva a nivel mundial, gracias al privilegio de poseer las mayores reservas y ser el principal productor del metal.
De ese modo, el gobierno del Presidente Boric puede dejar en su legado un segundo cambio económico de verdadera gran magnitud, tras la recuperación del principal yacimiento de litio por parte de Codelco, medida que por estos días enfrenta asimismo la denodada resistencia de una variopinta coalición de opositores hegemonizada por los mismos intereses rentistas antes referidos, la que debe ser derrotada.
El poner coto en forma decidida al abuso de un puñado de empresas rentistas, que se han apropiado de los recursos naturales que pertenecen a la nación y de industrias creadas por el Estado, como son las que protagonizan el cierre de Huachipato, pero asimismo las responsables de las caóticas consecuencias de una ventolera fuerte en Santiago por estos días, el único camino para superar la crisis política nacional en que se haya sumido Chile.
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