Invertir con reglas claras: la clave para salir del estancamiento
En Chile, levantar un proyecto de inversión -ya sea una carretera, un hospital o una línea de transmisión eléctrica- puede tardar más de una década, no por falta de recursos ni de voluntad de inversión, sino por una permisología burocrática que obliga a sortear cientos o incluso miles de permisos, muchas veces con criterios contradictorios.
El caso de la línea Kimal-Lo Aguirre lo muestra con claridad: esta obra busca reforzar la capacidad de llevar energía desde el norte hacia el centro del país, donde más se necesita. Hoy, en el norte, una parte importante de la energía solar que se produce se termina vertiendo porque la red de transmisión está sobrecargada y no logra inyectarla completamente al sistema eléctrico. Para concretarse, este proyecto debe tramitar alrededor de cinco mil permisos. Es un ejemplo extremo, pero real, de cómo la tramitología puede retrasar soluciones que las personas sienten cuando la infraestructura no llega a tiempo.
En este escenario, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), conocida precisamente como "Ley de la Permisología", es un paso que no se puede minimizar. Por primera vez, Chile establece reglas claras para ordenar, estandarizar y agilizar la permisología de los distintos sectores productivos, fijando plazos, creando una ventanilla única y reforzando la fiscalización. No se trata de relajar controles ni de improvisar, sino de cerrar un laberinto de permisología que por años ha trabado inversiones y ha postergado obras claves.
Su principal mérito es fijar principios básicos que deberían ser de sentido común: que un mismo permiso no se tramite de forma distinta en cada oficina, que existan tiempos claros para resolver, y que no se pidan los mismos antecedentes una y otra vez. Para eso se crea la plataforma SUPER, una ventanilla única digital que concentrará toda la documentación y permitirá hacerle seguimiento real. Hoy un titular puede pasar meses de ventanilla en ventanilla con los mismos papeles; con la LMAS, eso debería terminar.
Además, la ley incorpora herramientas como las Técnicas Habilitantes Alternativas: cuando un proyecto es de bajo riesgo, bastará con un aviso o una declaración jurada, liberando tiempo para concentrarse donde realmente importa. También impulsa la tramitación paralela: los permisos no deben avanzar uno tras otro, sino a la vez, para no perder años esperando. Y todo esto se refuerza con sanciones para quienes incumplan plazos. Cumplir tiempos no es un favor; es un deber.
Sin embargo, nada de esto sirve si no se articula bien. La mayoría de los proyectos estratégicos no necesitan solo permisos sectoriales, sino que también deben pasar por la evaluación ambiental de la Ley 19.300. Ambos procesos corren por carriles distintos, pero inevitablemente se cruzan. Si no están bien coordinados, lo que se destraba por un lado, se traba por el otro. La LMAS no tiene por qué regular materias ambientales -para eso está la reforma al SEIA-, pero sí debió coordinarse mejor para que todo el proceso funcione como un solo camino.
Un buen ejemplo son las iniciativas de inversión estratégicas: la LMAS permite reducir a la mitad los plazos para obtener permisos sectoriales, mientras la reforma ambiental contempla plazos abreviados para ciertos proyectos urgentes en el SEIA. Lo lógico habría sido que, una vez declarado como proyecto estratégico, ese carácter se reconociera igual en la evaluación ambiental, para que toda la tramitación avanzara bajo un mismo criterio. Sin embargo, el Ejecutivo decidió tramitar ambas reformas por separado, sin una instancia real de coordinación entre equipos. Esa desconexión se nota y es exactamente lo que no podemos repetir si queremos que la simplificación de permisos y la evaluación ambiental funcionen como una sola ruta clara para la inversión responsable.
Por eso sorprende que hoy algunos diputados recurran al Tribunal Constitucional para frenar una ley que no elimina controles ni vulnera garantías, sino que obliga al Estado a ordenar y a respetar los plazos que hasta ahora nadie hace cumplir. El verdadero riesgo para Chile no está en ordenar la permisología, sino en seguir atrapados en trámites eternos que traban proyectos, elevan costos y retrasan soluciones que las comunidades necesitan con urgencia.
La LMAS es un paso necesario para cerrar la tramitología que asfixia proyectos vitales, pero para que funcione debe implementarse bien, alinearse con la evaluación ambiental y dejar atrás la idea de que cada reforma puede avanzar aislada. Cada proyecto que se posterga por burocracia excesiva es inversión que se va, empleo que no llega y pobreza que se profundiza cuando no somos capaces de destrabar el estancamiento que frena el crecimiento. Chile no puede darse el lujo de seguir discutiendo lo obvio mientras pierde tiempo y oportunidades.
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