La emergencia laboral invisible: el desempleo juvenil como urgencia nacional
El próximo gobierno ha planteado con claridad que Chile enfrenta una situación de emergencia en tres ámbitos prioritarios: seguridad pública, migración y crecimiento económico. Son diagnósticos atendibles y urgentes. Sin embargo, existe una cuarta emergencia, menos visible en el debate público pero no menos grave, que amenaza directamente el desarrollo futuro del país: la emergencia laboral juvenil.
Las cifras agregadas del mercado del trabajo tienden a relativizar la magnitud del problema. Según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación nacional se ha mantenido en torno al 8,4 %, lo que suele interpretarse como un estancamiento preocupante, pero no necesariamente como una crisis abierta. No obstante, esta lectura cambia radicalmente cuando se observa el mercado laboral desde una perspectiva etaria.
De acuerdo con las estimaciones oficiales del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (ILOSTAT), la tasa de desempleo juvenil en Chile -para el tramo de 15 a 24 años- se sitúa por sobre el 20 %, más del doble del promedio nacional. En términos simples, uno de cada cinco jóvenes que busca trabajo no lo encuentra. Esta brecha no es coyuntural ni excepcional: se ha mantenido elevada de forma persistente, evidenciando un problema estructural de inserción laboral temprana que el país no ha logrado resolver.
A esta realidad se suma un fenómeno igualmente inquietante: el llamado desempleo ilustrado. Datos difundidos a partir de la ENE muestran que la tasa de desocupación entre personas con educación superior completa alcanzó un 8,1 % en 2025, el nivel más alto registrado fuera del período pandémico. Más aún, entre jóvenes menores de 30 años con estudios superiores completos, la desocupación se elevó hasta cerca del 16 %. Es decir, incluso quienes siguieron la trayectoria que por décadas se presentó como la vía segura de movilidad social hoy enfrentan serias dificultades para acceder a un empleo acorde a su formación.
El problema no se agota en el desempleo abierto. Una proporción significativa de jóvenes se encuentra en situaciones de subempleo, informalidad o empleos precarios, con jornadas involuntariamente parciales, baja estabilidad y escasas posibilidades de desarrollo profesional. Estas condiciones, documentadas por el INE en sus boletines de informalidad y subutilización laboral, deterioran las trayectorias laborales desde su inicio y tienen efectos persistentes sobre ingresos, cotizaciones previsionales y productividad futura.
Desde una perspectiva de política pública, esta realidad debería encender todas las alarmas. La emergencia laboral juvenil no es solo un problema social: es también un problema económico y fiscal. Un país que no logra integrar productivamente a sus jóvenes compromete su crecimiento potencial, desperdicia capital humano y debilita la base sobre la cual se sostiene el desarrollo de largo plazo.
Por ello, si el próximo gobierno se define como un gobierno de emergencia, resulta indispensable que incorpore explícitamente la emergencia laboral juvenil dentro de sus prioridades estratégicas. No como un asunto secundario o sectorial, sino como un eje transversal que dialoga directamente con la agenda de crecimiento económico, cohesión social y seguridad.
Ignorar esta dimensión sería un error estratégico. La seguridad del futuro de Chile -económica, social e institucional- depende en gran medida de la capacidad del país para ofrecer a sus jóvenes trabajo digno, oportunidades reales y un horizonte de desarrollo. Hoy, los datos oficiales muestran con claridad que esa promesa está seriamente en riesgo.
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