La informalidad como obstáculo para el desarrollo
La informalidad laboral es uno de los problemas urgentes de las economías en desarrollo. En el caso de Chile, esta tasa rondaba el 26% hasta 2019, un nivel bastante menor en el contexto latinoamericano, comparado con cifras del orden del 50% en México y 70% en Perú. Sin embargo, el impacto de la informalidad en la calidad del trabajo y en la gestión de las pequeñas y medianas empresas es complejo.
No obstante, en el último año se ha verificado una tendencia al alza en el empleo informal. Así, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el trimestre enero-marzo de 2024 la tasa de ocupación informal en nuestro país se ubicó en 28,1%, creciendo 0,7 puntos porcentuales en 12 meses. Las personas que se desempeñan laboralmente en esa situación llegaron a 2.614.641. Según grupos de edad, incidiendo principalmente las alzas en los tramos de 65 años y más (17,1%) y 45-54 años (6,0%).
Si bien la atención ciudadana está enfocada en áreas como la seguridad pública y el crecimiento económico, existe una carencia de acciones que apunten a la reducción de la informalidad en el mundo del trabajo. Desde la formación de nuestros estudiantes, tenemos un rol relevante en la construcción de un mercado laboral más formalizado, pero esa acción necesita ir de la mano de políticas que enfrenten las causas de la informalidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo decente como aquel que proporciona "la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos".
La informalidad no solo afecta los derechos laborales y la protección social de quienes trabajan en esas condiciones, sino que genera un círculo de precariedad y competencia desleal y, por cierto, afecta la recaudación fiscal. Las pymes, que cumplen un rol protagónico para la economía y el empleo en Chile, enfrentan enormes desafíos para mantenerse, especialmente cuando deben competir con quienes fuera de la legalidad no asumen los costos que supone cumplir con la normativa vigente.
El proceso formativo de educación técnico-profesional debe enfatizar la importancia de capacitar a los futuros trabajadores no solo en habilidades técnicas, sino también en la comprensión de las ventajas y beneficios de operar en un marco legal y formal. Es imperativo que reconozcamos a nivel colectivo, pero también a nivel personal, que la informalidad es un obstáculo para el desarrollo, tanto económico como social. Las empresas que operan formalmente, que invierten en sus trabajadores, pagan impuestos y se alinean con las normativas, se ven gravemente afectadas por esta competencia que disminuye sus márgenes y pone en riesgo su sostenibilidad a largo plazo.
El debate sobre la informalidad laboral, entonces, debe incluirse como una prioridad en la agenda pública y privada, y la educación técnico-profesional puede y debe ser una parte activa en esta conversación. Las políticas de empleo y formación deben alinearse para crear incentivos que promuevan la formalización, al mismo tiempo que se fortalecen los mecanismos de fiscalización. Sin estas medidas, seguiremos viendo cómo el crecimiento económico se da de manera desigual y cómo se profundizan las brechas en el mercado laboral.
No se puede hablar de crecimiento económico sin un compromiso real con la reducción de la informalidad. No se puede seguir siendo víctimas silenciosas de una competencia tan desleal, ni espectadores de cómo uno de cada tres chilenos se encuentra al margen no sólo de los sistemas previsionales y de salud, sino también de la contribución al sistema tributario que todos debemos hacer, en la medida que el Estado determina según nuestros ingresos.
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