Ley de pago a 30 días, ¿letra muerta sin fiscalización?
Tras dos años de discusión fue finalmente aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados la denominada “Ley de pago a 30 días”, que establece un plazo fijo para el pago de facturas y que se implementará gradualmente, partiendo en 60 días desde la recepción de una factura por un periodo de 24 meses, hasta llegar a 30 días.
La iniciativa legal contempla además la obligatoriedad de la guía de despacho electrónica, a partir de un año de su publicación.
La ley busca favorecer especialmente al casi millón de pequeñas y medianas empresas del país, que se enfrentan muchas veces a arbitrarias prácticas de pago por parte de las grandes compañías, que dilatan incluso hasta por 5 meses la retribución por sus productos y servicios, lo que las obliga a recurrir a créditos bancarios para tener flujo de caja y cumplir con sus obligaciones.
Los bancos tampoco cuentan, en muchos casos, con mecanismos orientados a favorecer a los pequeños y medianos emprendedores, imponiéndoles intereses muy distintos a los que ofrecen a las grandes empresas.
Este mecanismo conduce, en innumerables ocasiones, a la quiebra de las pymes, que son incapaces de maniobrar para lograr una precaria estabilidad y se sobre endeudan hasta tal punto que son incapaces de seguir “bicicleteando”.
En este escenario, deberíamos aplaudir esta ley que aspira a proteger a los emprendedores nacionales, a la vez que dinamizar la economía.
Sin embargo, aún se deben zanjar algunas debilidades del sistema para que cumpla efectivamente el rol para el que ha sido diseñada. En efecto, en las condiciones actuales, pocos proveedores se arriesgarán a denunciar el incumplimiento de la normativa ante el riesgo de perder a sus clientes, los que podrían privilegiar a empresas que sí acepten pagos en un plazo mayor.
La única forma de garantizar que la nueva ley sea efectiva es validar un sistema de regulación que evite que sean las propias pymes las que deban denunciar a quienes la incumplan.
Solo una fiscalización efectiva por parte del SII, que tendrá acceso a la información de las transacciones, evitará que la debutante normativa sea letra muerta y logre con éxito proteger y apalancar el rol clave que cumplen las pequeñas y medianas empresas en la economía nacional.
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