Medidas para la equidad salarial y una mejor distribución del ingreso en Chile

Marcelo Díaz

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Chile es un país extremadamente desigual, social y económicamente, desigual en el acceso a derechos básicos como la educación y salud de calidad, con comunas y regiones desiguales, con entornos territoriales muy distintos, que generan oportunidades a unos y le cierran el futuro a la mayoría. Y es desigual sobre todo para las mujeres, que por el mismo trabajo ganan menos y se llevan la mayor carga en el trabajo doméstico.

Ningún proyecto de desarrollo va a prosperar en Chile sin un esfuerzo serio de cohesión social que permita emparejar la cancha y lograr una base de oportunidades para todos y todas. Sabemos que ello solo será posible retomando una agenda de transformaciones de fondo en educación, salud y pensiones, para lo cual necesitaremos una nueva reforma tributaria que las haga posibles. Pero todo eso requiere también tiempo.

Por ello debemos avanzar en soluciones inmediatas para atacar la desigualdad ahora y lograr una base mínima de confianza social y política. Pero deben ser acciones e iniciativas contundentes, que tengan efectos reales en la vida de las y los chilenos. En definitiva, que muestren una voluntad genuina de parte de todos los actores. Lo que necesitamos provocar son acciones que permitan la sostenibilidad política y social de Chile y el inicio de una nueva fase de deliberación democrática futura.

En consecuencia, proponemos, como primera iniciativa de gobierno, una política para atacar la inequidad salarial y la mala distribución del ingreso en Chile ahora.

Cinco iniciativas para avanzar en un ajuste estructural de los sueldos

a) Alza del salario mínimo: El salario mínimo deberá corresponder a un monto que permita a un jefe o jefa de hogar superar la línea de la pobreza familiar. Actualmente, la familia promedio en Chile está integrada por 4,43 miembros.

Se propone, entonces, que el salario mínimo se fije al menos en el monto correspondiente a la línea de pobreza establecida para un hogar de 4 integrantes: $446.910 (Ministerio de Desarrollo Social, enero 2020)

b) Reforma tributaria para ayudar a las pymes a la transición hacia el salario mínimo de dignidad: Las grandes empresas pagarán 1 punto más de impuesto sobre sus utilidades anuales, monto que servirá para la creación de un fondo nacional para la redistribución de ingresos que operará como subsidio a aquellas empresas de menor tamaño, con el objetivo de elevar los salarios de los trabajadores o trabajadoras de aquellas empresas.

c) Pacto público privado con grandes empresas: Todas las empresas catalogadas como "grandes empresas" según su nivel de ventas anuales no podrán pagar remuneraciones por debajo de los $600.000 mensuales líquidos para trabajadores o trabajadoras, ya sea en la modalidad de contrato u honorarios, de jornada completa.

d) Reforma al sistema de gratificaciones: Actualmente, los empleadores o empresas que obtengan utilidades y que perciban fines de lucro (excepto las cooperativas) están en la obligación de pagar gratificaciones a sus empleados en proporción no inferior al 30% de las utilidades. Esta obligación es de carácter anual, por lo que el pago mensual de dichas gratificaciones no es obligatorio.

Asimismo, existe la alternativa legal y que comúnmente se utiliza por parte de las empresas, que consiste en pagar el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales.

Ahora, en el pago de ese 25%, el tope de las gratificaciones a recibir es 4,75 veces el sueldo mínimo mensualizado, que serían $129.240 con el sueldo mínimo actual ($326.500).

Ante esto, proponemos aumentar el tope máximo de 4,75 Ingresos Mínimos Mensuales, estableciendo un tope de 6 IMM, el cual podrá incrementarse de forma gradual. Esto, significaría que el tope pasaría a ser $163.250.

Asimismo, se propone aumentar el porcentaje de 25% a 35% en las empresas con mayores ingresos, junto modificar el artículo 47 del Código del Trabajo, de manera que el porcentaje de utilidades líquidas a repartir por los empleadores que la norma señala ya no sea de 30% sino de 50%.

e) Equidad salarial de género: En Chile, si comparamos a los hombres y mujeres que trabajan con similares características observables (número de horas trabajadas, años de escolaridad, edad, rama de la actividad y experiencia, entre otras) las mujeres ganan 21,5% menos que los hombres. Si comparamos el promedio de ingresos de todas las mujeres que trabajan, la brecha es 28,1%. Esta diferencia no es justificable y es intolerable.

No podemos esperar a una mejora natural y gradual, limitada por la voluntad empresarial. Aunque hay avances, las cifras señalan que al actual ritmo, la brecha salarial demorará más de 100 años en cerrarse. Debemos legislar, obligar. Por ello proponemos impulsar una ley de igualdad salarial que establezca un mecanismo para evaluar las brechas salariales y obligue a los empleadores a eliminarlas.