Mepco: desafío político, económico y social
Chile enfrenta nuevamente una realidad incómoda: no controlamos el precio del petróleo, pero sí debemos enfrentar sus consecuencias. El alza abrupta de los combustibles, impulsada por un escenario internacional complejo, ha tensionado el bolsillo de las familias y ha puesto al Estado frente a decisiones difíciles. El debate sobre el Mepco no es técnico, es profundamente político.
Durante años, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles fue una herramienta útil para amortiguar variaciones de corto plazo. Pero hoy estamos frente a un shock distinto. El propio mensaje presidencial reconoce que los precios internacionales han subido de manera "inusitada" y que el costo de seguir amortiguando este impacto puede llegar a niveles insostenibles para el Estado, del orden de cientos de millones de dólares semanales. Eso no es sostenible, y seguir ocultándolo sería irresponsable.
Los medios de comunicación han sido claros en reflejar esta tensión. Por un lado, el fin o debilitamiento del Mepco genera un impacto directo en el precio del diésel y las gasolinas, encareciendo el transporte, los alimentos y, en definitiva, el costo de la vida. Por otro, mantenerlo sin ajustes implica seguir profundizando el déficit fiscal en un país que ya viene con una deuda creciente. Es decir, no hay solución fácil.
El gobierno del Presidente Kast ha optado por un camino que puede ser incómodo, pero necesario: dejar de subsidiar de manera generalizada y avanzar hacia medidas focalizadas. El proyecto debatido esta semana apunta precisamente a eso: concentrar los recursos en quienes más lo necesitan, como las familias que dependen del kerosene para calefacción o el transporte menor que ve amenazada su fuente laboral. No es casualidad que se establezca un bono para taxis y colectivos, ni que se refuerce el Fondo de Estabilización del Petróleo con recursos acotados y temporales.
Sin embargo, hay que decirlo con claridad: esta decisión tiene costos sociales evidentes. El alza del diésel impacta directamente en el precio del pan, de los alimentos y del transporte. En regiones como La Araucanía, donde las distancias son mayores y los ingresos más bajos, el golpe es más duro. Por eso éste no es sólo un debate económico, es un debate social.
También es un desafío político. Es fácil prometer subsidios universales cuando no se gobierna. Es más difícil administrar con responsabilidad cuando los recursos son limitados. Aquí es donde se mide el liderazgo de un gobierno y la seriedad del Congreso.
Como Senado, tenemos una responsabilidad clara. Debemos analizar con rigor las propuestas económicas del gobierno en tiempos complejos, incluso cuando éstas sean cuestionables o generen costos políticos. Pero también debemos tener una línea clara: respaldar todo aquello que vaya en ayuda directa de los más vulnerables.
No se trata de un cheque en blanco. Se trata de responsabilidad política fiscal. El Mepco, tal como lo conocíamos, no puede seguir funcionando bajo las mismas reglas. Pero tampoco podemos trasladar todo el costo a las familias. El equilibrio está en avanzar hacia una política más focalizada, más transparente y fiscalmente responsable, sin perder de vista que detrás de cada decisión hay personas que llegan con dificultad a fin de mes.
Este es el verdadero desafío: ordenar las cuentas del Estado sin abandonar a quienes más necesitan apoyo. Y en esa línea, el Senado debe estar a la altura. Sin populismo, pero con convicción.