Modernización tributaria, un proyecto sólo para la Gran Empresa
En primer lugar, es importante señalar que no existe una manera más justa para hacer de un país social y culturalmente saludable que un sistema tributario que obligue a quienes obtienen más ganancias, a devolver - en parte - a su país la posibilidad de inversión y crecimiento que han obtenido.
El grave problema de Chile es que esto ha sido una quimera por años, algo que en otras naciones se ve con completa naturalidad. Sólo por medio de un sistema tributario justo, es posible generar paz social, bienestar, beneficios públicos y, en consecuencia, una nación con menor desigualdad.
Pues bien. Hagamos memoria. La reforma tributaria de 2014, promulgada por el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet no previó las dificultades de la aplicación del artículo 14 Ter, llamado “el artículo Pyme”, tanto por la desinformación que pocos previeron (debido a la falta de atribuciones educativas del S.I.I a los contribuyentes y falta de recursos) como por la voluntariedad para acogerse, lo que trajo como consecuencia que sólo un 26% se encuentre en éste.
El actual proyecto corrige estas deficiencias, por lo que la mayoría de las Mipymes están de acuerdo con la idea de legislar.
Sin embargo, el problema que enfrentan los parlamentarios es que lo central o el corazón de esta reforma actual no es la Mipyme, sino que el “fomento a la inversión”, que en nuestra economía solo la pueden hacer - en una escala que gravite en el crecimiento - las grandes empresas, sean nacionales o extranjeras.
Es por ello que, el Gobierno necesita dar a esas empresas señales concretas o certezas, de que se producirá el ansiado crecimiento, que llega a la cúpula empresarial, más no a la mayor parte de la gente.
Si sólo se tratara del sector Mipyme, hace ya rato que se habría legislado, razón por cual algunos diputados han expresado el separar ambas materias.
La reforma anterior tuvo un contenido económico-político, al ser esencialmente redistributiva; ésta aspiraba a iniciar un proceso, con bases sólidas, hacia un desarrollo que fuera mitigando la desigualdad poniendo el acento en una educación de calidad, la que de no existir junto con otros factores como la salud garantizada, por ejemplo, hacen del progreso real una fantasía. Esto plantea una diferencia con el actual proyecto de modernización tributaria, que a lo que más puede aspirar es a ser neutro e insípido con las Mipymes.
La oposición al segundo período de la Presidenta Bachelet argumentó, en ese tiempo, que la reducción de las tasas de crecimiento se debía casi exclusivamente a las “malas” reformas de ese gobierno, desestimando que situaciones externas lo explicaran. Esto debía corregirse y su programa de gobierno así lo contempló, prometiendo una rebaja de impuestos al sector empresarial que había soportado la mayor carga tributaria.
El actual proyecto de modernización tributaria pretende recaudar US$ 1.200 millones, sin considerar la elusión que vuelve a la legislación anterior al 2014, abriendo la posibilidad cierta de un forado en las finanzas públicas, a los sectores más poderosos del país.
La compensación, tal como está en el proyecto, se centra en la supuesta recaudación que originaría la boleta electrónica, la que pretende por esta vía evitar la evasión del IVA y que afectará exclusivamente a la micro y pequeña empresa, en especial a la micro, ello sin considerar aspectos sociales involucrados.
Esta potencial recaudación tiene una clara tendencia a ser muchísimo menor que los cálculos del proyecto de ley. Mirado así, se puede afirmar que la iniciativa es claramente regresiva y de muy difícil compensación, lo que ha dificultado un acuerdo para legislar.
La Mipyme, una vez más, pareciera ser la mano usada para sacar las castañas, o mejor dicho, como una presión para legislar, ya que en concreto no contempla nada sustantivamente nuevo para este sector, que brinda empleo gravitante a nivel nacional.
Ya va siendo hora de poner en el debate el rol que deben jugar las empresas en el desarrollo del país, ya que parece que lo único que interesa es el incremento de las utilidades y no del compromiso con la sociedad en su conjunto que les permite existir.
Las empresas en general no son ajenas a la comunidad. Las exigencias ambientales así lo demuestran, pero ellas apenas son una pequeña parte de su responsabilidad.
Cuando se tienen que dar facilidades o contribuciones económicas para que inviertan, porque de otra manera no lo hacen y a no ser que las expectativas económicas individuales sean considerables, se está apostando a un futuro crecimiento del país, con la esperanza de una mayor recaudación en bien de la gran mayoría de la gente.
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