¿Reforma a las pensiones? Sólo más de lo mismo
El sistema de pensiones basado en las AFP está en bancarrota, no porque no pueda pagar pensiones, sino porque cada año que pasa éstas son más bajas; de persistir esta situación el sistema entrará en crisis para el año 2025.
Las cifras son lapidarias. Más del 50% de las y los jubilados entre enero de 2007 y diciembre de 2019 recibieron pensiones autofinanciadas menores a $38.000, una problemática gravísima respecto a la suficiencia de éstas. A esto se suma un evidente problema de brecha de género, ya que la mediana de pensión autofinanciada de los hombres es más de 4 veces mayor a la de las mujeres.
Pero eso no es todo. El 50 % de los afiliados reciben menos de un quinto de su último ingreso al momento de jubilar. Y muy por el contrario de lo que señala el gobierno, el 61% de las pensiones autofinanciadas son menores a la línea de pobreza y el 74% % de las pensiones son menores al salario mínimo (Comisión Bravo).
Asimismo, el 72 % de las pensiones autofinanciadas de mujeres son menores a la línea de pobreza y el 85 % son menores al salario mínimo.
Recientemente, el Barómetro del Trabajo de la Fundación FIEL y MORI, nos muestra que la pensión mínima que en general se requería por la población es de $512.212 promedio; que el 84% de la población consideraba la pensión digna como una de las principales demandes sociales; que el 91% tiene poco o nada de confianza en las AFP para administrar sus pensiones; que el 48% prefería una pensión basada en el ahorro colectivo y solo el 28% capitalización individual. En suma, podemos advertir que la demanda ciudadana en torno al sistema de pensiones es superar el horizonte de las AFP, en forma y fondo.
Ante esta demanda ciudadana, en enero del 2020, el gobierno ingresó una serie de indicaciones al proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones. Con gran estruendo ha señalado que se escuchó a la gente y que el sistema de pensiones tendrá un pilar solidario de ahorro colectivo.
El problema es que, como siempre, al poco andar los anuncios han quedado vacíos de contenido y los grandes titulares no tienen correspondencia con lo presentado.
El gobierno, haciendo gala de su inmutabilidad que le caracteriza, ha disfrazado su antiguo proyecto para hacerlo pasar por uno nuevo. El seguro clase media y seguro mujer siguen ahí, solo que se financian con 2,8% de cotización del empleador; el aumento a las cuentas de capitalización individual sigue ahí.
Pese a que el ahorro colectivo como sistema de reparto implica la capitalización de los fondos ahorrado colectivamente para pagar pensiones sin la restricción de la propiedad de los fondos, el gobierno nos propone un sistema que acentúa las diferencias entre los cotizantes al sistema de AFP y entre bajas y altas pensiones, pero con otra vuelta de tuerca, utilizando los fondos que contribuyeron a ahorrar los de bajas pensiones, afectando principalmente a las mujeres, un despropósito por donde se lo mire.
Vivimos un tiempo complejo. Los que tienen el gobierno carecen de legitimidad para seguir gobernando y aun así siguen forzando sobre la aprobación de leyes que van en el sentido contrario al que perfila la revolución participatoria que vive el país.
El problema, es que esta actitud deslegitima aún más a los que gobiernan y a los que legislan sus leyes, impactando en la jibarización de la democracia. La política de más de lo mismo está derrotada, pero sigue gobernando.
No da lo mismo qué se haga con el 6% adicional. Desde la fundación FIEL hemos sido capaces de proyectar que un aumento del 4% para pensiones contributivas con criterios de justicia social, entregando recursos por reparto y con fondos para sustentar los problemas de envejecimiento con un 2%, hace posible garantizar un sistema que de tasas de crecimiento del 74% a las pensiones más pobres y que haga crecer todas las pensiones del sistema, de manera sustentable en el tiempo y siente las bases para un sistema de seguridad social.
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