Slogans y medias verdades
Mucho debate generó la reforma tributaria durante 2014 y 2015, dejando ecos que aún se escuchan entre los confundidos contribuyentes, y no son positivos. Incluso desde la OCDE se ha dicho que la reforma chilena es difícil de implementar, palabras del mismo director del centro de políticas y administración fiscal de la organización, Pascal Saint-Amans.
Y es que el sistema tributario en Chile se volvió muy complejo, más que antes, y eso por cierto, es negativo. Un ejemplo de esto es que para aquellas empresas que pueden optar entre el sistema de renta atribuida o semi integrado - sociedades de responsabilidad limitada o SPA cuyos socios o accionistas sean personas naturales - todos ellos deben estar de acuerdo en cambiar el sistema tributario. Es decir, mandarán las minorías y eso generará conflictos.
Asimismo, aquellas empresas que estén constituidas por al menos un socio persona jurídica o que sean S.A., no tienen derecho a optar por el sistema de renta atribuida con tasa del 25%, obligándolos a permanecer en el régimen semi integrado con una tasa más alta del 27% de impuesto corporativo, pero con la garantía de que podrán acumular las utilidades en la empresa sin que se entiendan retiradas por los dueños al final de cada ejercicio.
Conceptualmente la nueva Ley de la Renta tiene como único objetivo la recaudación, y minimiza aspectos tan importantes como, por ejemplo, el incentivo al ahorro. ¿La razón? El sistema está enfocado en incentivar el gasto para así aumentar la recaudación.
En la práctica, los dueños de las empresas que se acojan al sistema de renta atribuida, el más barato en términos de tasa, no tienen casi incentivos para dejar las utilidades del año en la compañía, porque la Ley las supone retiradas y aplica tributación al dueño de la empresa al final de cada año, las haya retirado o no.
Como podemos apreciar, no solo se ha subido la tasa del impuesto corporativo, sino que la estructura de los impuestos cambió en un 100%, y eso claramente implica que los contribuyentes deban replantearse la forma en que se organizan empresarialmente, lo que implicará un gasto no menor en asesores y mucho tiempo destinado a tomar una decisión durante este 2016 para los siguientes 5 años. ¿Se tuvo en consideración este punto al plantear esta reforma? ¿Se pensó que muchos contribuyentes no podrán asesorarse y cometerán errores? Esperemos que sí.
Por otro lado, dejó mucho que desear la discusión estival “express” de la llamada “simplificación a la reforma”, durante enero en el Congreso. En realidad fue una nueva reforma y no una mera simplificación, como afirmaron desde el ministerio de Hacienda, y cuya tramitación no fue coherente con la importancia y magnitud de los cambios realizados. Varios parlamentarios se quejaron de esto, según consta en actas.
Es que esta reforma se ha construido a través de slogans y medias verdades, intentando “ganarse” a los chilenos al declarar por ejemplo, que sólo la pagarían lo más ricos, con video promocional incluido; o al percatarse de que era impracticable, afirmar que se simplificaría a través de circulares emitidas por el SII, para luego desdecirse enviando a la rápida un nuevo Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, discutido en enero y promulgado en febrero último. Perdónenme, pero así no se legisla.
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