Tener hijos(as) no puede seguir siendo un castigo laboral

En Chile, una mujer puede enfrentar una desventaja laboral incluso antes de sentarse a una entrevista de trabajo. No por su experiencia, sus capacidades o su formación, sino por una norma que, durante décadas, ha vinculado el derecho a sala cuna con la cantidad de mujeres contratadas por una empresa. Una disposición que termina transformando la maternidad en un potencial costo de contratación y que debemos dejar atrás.

Esta discriminación estructural es una de las principales razones por las que, desde Fundación Ronda, junto a numerosas organizaciones de la sociedad civil, hemos trabajado incansablemente para impulsar el proyecto de Sala Cuna Universal. Porque el cuidado de niños y niñas no puede continuar siendo una responsabilidad que recaiga principalmente sobre las mujeres, ni mucho menos una barrera para su autonomía económica.

Las cifras reflejan la urgencia de avanzar. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el trimestre julio-septiembre de 2026, la participación laboral femenina alcanzó apenas 53,1%, mientras que la desocupación de las mujeres llegó al 10,5%, frente al 9,3% de los hombres. La brecha se profundiza cuando existen responsabilidades de cuidado: entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, en hogares con menores de cinco años, la participación laboral fue de 58,2% para las mujeres y de 86% para los hombres, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo analizados por el Observatorio Laboral de Género de la Universidad Diego Portales.

Detrás de estos porcentajes hay miles de mujeres que han debido postergar sus proyectos profesionales, abandonar sus empleos o renunciar a oportunidades de desarrollo para asumir tareas de cuidado. No se trata de decisiones tomadas siempre en libertad, sino de las consecuencias de un sistema que todavía distribuye de manera profundamente desigual estas responsabilidades.

El proyecto de Sala Cuna Universal representa una oportunidad concreta para comenzar a corregir esta realidad. Su principal transformación consiste en desvincular el acceso al beneficio del número de mujeres contratadas, extendiendo el derecho a madres, padres y otras personas trabajadoras que cumplan los requisitos establecidos. También contempla incorporar a trabajadores independientes y trabajadoras de casa particular, ampliando la protección a sectores históricamente excluidos.

Este cambio es mucho más que una modificación normativa. Significa avanzar hacia un mercado laboral donde las decisiones de contratación respondan al talento y las competencias, y no a los costos asociados al género. Significa, además, reconocer que el cuidado infantil es una responsabilidad compartida y que su organización debe involucrar al Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto.

En materia de financiamiento, el proyecto ha logrado avances relevantes mediante una fórmula de cotización del 0,3%, financiada a través de una redistribución de aportes del Seguro de Cesantía. Asimismo, considera una implementación gradual y mecanismos orientados a facilitar la transición hacia el nuevo sistema.

Llegar hasta aquí no ha sido sencillo. Esta iniciativa recoge esfuerzos impulsados durante distintos gobiernos, el trabajo de parlamentarios de diversos sectores y la participación sostenida de organizaciones de la sociedad civil. También ha requerido disposición al diálogo, voluntad de ceder y capacidad de construir acuerdos en torno a un objetivo que debiera trascender las diferencias políticas.

En ese proceso, valoramos especialmente el compromiso del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, encabezado por el ministro Tomás Rau, y de quienes han contribuido a destrabar una discusión legislativa compleja. Cuando hombres y mujeres asumen conjuntamente la defensa de políticas de cuidado, comenzamos a transformar una idea profundamente arraigada: que la conciliación entre trabajo y familia es un problema exclusivamente femenino.

Hoy, cuando el proyecto avanza en su tramitación legislativa, nuestro llamado al Ejecutivo y al Congreso es a mantener la voluntad de acuerdo y priorizar su aprobación. Sabemos que ninguna ley resolverá por sí sola las desigualdades del mercado laboral ni la crisis de los cuidados. También sabemos que esta iniciativa es perfectible. Pero seguir postergándola significa prolongar una discriminación que afecta especialmente a las mujeres y limita las posibilidades de desarrollo del país.

Chile necesita avanzar hacia una corresponsabilidad real, fortalecer el empleo formal y generar condiciones para que la maternidad y la paternidad puedan convivir con el desarrollo profesional. Esto también exige abordar desafíos mayores, como la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y las condiciones que inciden en las decisiones de formar una familia.

De cara a 2027, resulta difícil justificar que sigamos manteniendo una norma que puede desincentivar la contratación femenina. Tener hijos, o decidir no tenerlos, debe ser una elección libre, nunca condicionada por el temor a perder oportunidades laborales. Porque el talento no tiene género y el cuidado es una responsabilidad compartida, Chile no puede seguir esperando. Sala Cuna Universal, hoy.