Una visión crítica del pacto fiscal

Humberto Borges

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La reciente cuenta pública del Presidente Boric ha puesto sobre la mesa el tan esperado pacto fiscal, una iniciativa que he comentado en múltiples ocasiones. Como país, necesitamos recursos financieros, y estos deben ser gestionados con la máxima eficiencia por parte del Estado. Es reconfortante escuchar al Mandatario afirmar que los recursos deben ser "usados de forma más responsable y de manera más eficaz". Sin embargo, es vital que esta responsabilidad y eficiencia sean supervisadas por toda la comunidad.

La primera parte del pacto fiscal, centrada en el "cumplimiento tributario", representa un avance significativo. Esta medida se enfoca en combatir la informalidad, un objetivo loable pero no exento de desafíos. La discusión sobre la apertura de cuentas corrientes sin previa comisión de delitos y las facultades de la Fiscalía, las policías y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para utilizar los datos proporcionados por los bancos, son temas complejos. Estos aspectos, aunque densos y en ocasiones trabas de la discusión, son cruciales no solo por el dinero que se podría recaudar, sino también por el mensaje que envían a los infractores.

A pesar de los avances en el cumplimiento tributario, la reforma deja pendientes áreas críticas como la educación pública. La gestión deficiente y la falta de recursos en este sector requieren una atención urgente. La ausencia de este tema en la reforma actual sugiere la necesidad de futuras reformas, dejando una sensación de inatención que podría convertirse en un problema a largo plazo.

En términos de seguridad y salud, es esencial que los recursos existentes se utilicen para mejorar estos servicios fundamentales, incluso antes de la implementación completa del pacto fiscal. La eficiencia en estos sectores no solo mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también fortalecería la confianza en el gobierno y sus reformas.

Otro punto crucial en la discusión es el aumento de las tasas impositivas personales. A pesar de las propuestas para elevar el umbral de ingresos sujeto a impuestos más altos, aún no se ha alcanzado un consenso. La propuesta de aumentar el umbral desde ingresos de 3 a 4,5 millones es un paso en la dirección correcta, pero la falta de acuerdo muestra tanto la necesidad de un diálogo más profundo como de considerar los impactos económicos y sociales de tales cambios.

Tampoco hay que olvidar que el apoyo a las pymes formales es una necesidad urgente. La persecución efectiva de la informalidad debe traducirse en beneficios tangibles para las pequeñas y medianas empresas que operan dentro del marco legal. Estas empresas son el motor de nuestra economía, y su fortalecimiento debe ser una prioridad en cualquier discusión sobre reforma tributaria. Solo así podremos avanzar hacia un crecimiento económico sostenible y equitativo para todos los chilenos.